Cartagena. El abogado de la familia Henríquez Emiliani, fundadora de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, Hernando Osorio Rico, dijo que las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación con respecto al manejo financiero de la institución no son una intervención propiamente dicha, sino una serie de recomendaciones, de acciones preventivas.
Dijo que las propiedades por $6.000 millones que se adquirieron por orden de las directivas de la corporación, hace unos cinco años, fueron para adecuar las instalaciones y prestar un mejor servicio académico a la comunidad estudiantil.
Agregó que el Ministerio no se refirió a que hubo desvíos de recursos para invertir en propiedades para los Henríquez Emiliani, sino que hubo 'un error de interpretación'.
Dijo que algunas de estas propiedades adquiridas son de una sociedad donde los Henríquez Emiliani tienen intereses. 'En otras no', añadió el abogado Osorio Rico. Advirtió que pero que fueron compradas para mejorar el servicio académico.
Sostuvo que entre estas propiedades están el Edificio Mogollón, la biblioteca, el laboratorio y el claustro San Francisco. Dijo que son inmuebles para uso de la corporación universitaria. También mencionó una propiedad adquirida en Barranquilla.
Sobre el pago de hasta $150 millones por algunos cánones de inmuebles para usarlos como áreas universitarias, y que la viceministra de Educación, Natalia Ariza, calificó de exagerados, el abogado de los Henríquez Emiliani dijo que la Fiscalía realizó hace un tiempo un peritazgo y determinó que, incluso, estos cánones estaban por debajo de lo que indica el mercado.
Aseguró que se trata de inmuebles que ocupan tres calles y que están ubicados en la de la ciudad amurallada, 'donde, todos sabemos, que cualquier apartamento pequeño vale $5 millones o más'.
Aseguró que las decisiones del Ministerio de Educación 'no son lesivas para la familia Henríquez Emiliani ni para la institución'.
Sostuvo que le parece 'una medida sana' la orden del Gobierno Nacional a la corporación de crear una fiducia para manejar los recursos de la entidad.
Informó que ya se han hecho contactos con varias fiducias. Osorio agregó que también se están practicando medidas académicas para la acreditación y certificación de programas.
El Ministerio emitió dos resoluciones contra la Rafael Núñez, una sancionando a los directivos de la corporación, a los que ordenó pagar una multa de $122 millones por irregularidades en la inversión de $6.000 millones. Y otra imponiéndole medidas administrativas y financieras preventivas para evitar un descalabro económico que perjudique el calendario académico.
La Corporación Universitaria Rafael Núñez debe presentar un Plan de Mejoramiento tendiente a corregir en el menor término los hallazgos financieros encontrados por el Ministerio.
Constituir una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas. La corporación no podrá recibir matrículas y demás pagos por derechos académicos por fuera de la fiducia, y la administración y gasto de esos recursos solo podrán destinarse a suplir necesidades académicas y financieras, de forma que éstos sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional o en actividades propias y exclusivas de la institución.
El Ministerio hará un seguimiento permanente a la destinación de los recursos de la institución.
Si no cumplen las condiciones exigidas, 'se procederá a escalar las medidas impuestas a la institución, esto es, se podrá llegar incluso a la remoción de los directivos y al envío de un inspector in situ'.
