Como en una vecindad de un territorio en guerra, a las 7 de la noche no hay un alma por las calles de Olaya Herrera, un suburbio de la ciudad que creció a orillas de la ciénaga de La Virgen.
El miedo se apodera de este sector de calles polvorientas y viviendas precarias, la mayoría de cartón y tablas; y algunas que otras de material.
No hay grandes edificios, ni luces de neón, ni ‘gente bien’ caminando orondamente a orillas de la bahía, con una cerveza en la mano, como ocurre en el otro lado de la ciudad, en la Cartagena de las postales y los folletines de turismo.
Ocho muertos a bala, entre ellos tres policías, entre el sábado de Gloria, de Semana Santa, y el miércoles de la Pascua católica, provocó una paranoia general en este sector periférico, donde habitan cerca de 60.000 cartageneros, nativos y desplazados de la violencia, y donde hay una gran concentración de pobreza.
El atentado criminal del Sábado Santo contra uniformados de la Policía, en el sector conocido como La Ye, entre La Cordialidad y Olaya, en el que pistoleros en motos acribillaron a tres agentes, llevó al alcalde Manuel Vicente Duque a adoptar una determinación sin precedentes en la ciudad: la militarización de los barrios considerados por las autoridades 'de alto riesgo y peligrosidad'.
Vigilancia permanente
Las barriadas que conforman el cinturón de miseria de la Zona Suroriental de Cartagena nunca habían visto un despliegue de hombres armados de fusil, con uniformes de fatiga y patrullando sus calles de forma periódica.
'Esto está caliente', cuenta Yasmira, una mujer de 28 años, quien vive en Olaya, sola con su hijo, en un humilde apartamento que su padre le levantó. Ella dice que ha visto desfilar, desde los acontecimientos aciagos del fin de semana pasado, a decenas de policías en motos y a pie, algunos de ellos con chalecos antibalas. 'Hasta los fumadores de marihuana se entran temprano', revela.
Agrega que la situación es tan complicada que las tiendas y los tomaderos de cerveza y licor antes de las 9 de la noche tienen sus puertas cerradas, cuando antes atendían hasta las 10 p.m. 'Todo el mundo se recoge, yo por mi parte cierro mi reja y me guardo con mi hijo', relata.
Ella no recuerda bien una época cruenta que vivió el bario Olaya y otras ciudadelas de pobreza como El Pozón y Nelson Mandela, cuando comandos criminales de la muerte irrumpían en las noches a las viviendas, tumbando puertas y portones, para asesinar sin escrúpulos a quienes las habitaban, especialmente a los jóvenes. Mataban de cuatro a cinco. Se hablaba de ‘limpieza social’ y de cobro de cuentas entre pandillas.
Los de mayor homicidio
Fueron los funestos años 1996 y 1997. Por esos tiempos cada mes había una matanza en estos sectores deprimidos. Sin embargo, ahora es distinto.
Olaya y El Pozón, donde ocurren constantemente estos sucesos de sangre, según los estudios que mensualmente hace el Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed), son las zonas urbanas 'de baja estratificación socioeconómica, en las que más se cometen homicidios'.
Los sucesos de los últimos días no solo han afectado la vida y psiquis de estos ciudadanos de la llamada ‘otra Cartagena’, sino que también, en los barrios residenciales, donde viven las clases acomodadas, entre el miércoles y jueves se pasaron horas de estrés y angustia.
La información de la Policía sobre la existencia de un ‘plan pistola’ ordenado por los jefes de la banda criminal, conocida como clan Úsuga, contra la Policía en esta capital, puso los nervios de punta a la ciudadanía.
Como si fuera poco, horas después del atentado contra los agentes en Olaya empezaron a distribuirse en las redes sociales mensajes sobre la existencia de un plan del grupo paramilitar de los Úsuga para atentar contra estaciones policiales y centros comerciales.
El miércoles y jueves se divulgaron por distintos medios, panfletos de las organizaciones criminales decretando el llamado ‘paro armado’. Había en el ambiente de Cartagena una zozobra general. Las madres grababan mensajes por los chat electrónicos, con voces angustiadas, diciendo a otras mujeres que no enviaran a sus hijos a la escuela porque se estaban organizando atentados contra instituciones educativas.
Aumentó el miedo
Hacía años no se vivían días grises, de incertidumbre, en este puerto colonial sobre el Caribe.
El hecho que aumentó el temor de la comunidad en general fue el ocurrido en el sector El Tancón, de Olaya, en la madrugada del miércoles pasado.
Patrulleros de la Policía desplegaron un operativo en este populoso vecindario para atender una denuncia de unos de sus habitantes y fueron recibidos con ráfagas de pistolas y revólveres por un grupo de hombres que estaba, a las dos de la mañana, en la calle.
Una testigo de los acontecimientos relata que 'aquello fue algo infernal'. Otro vecino dice que lo despertó 'la ‘tronera’ que parecían castillos de pólvora de Año Nuevo, estallando en el cielo'.
Yasmira, quien vive a pocas calles de los hechos, dice que una amiga le describió el suceso como 'una guerra'.
El caso es que patrulleros de la Policía abatieron a cuatro, entre ellos una mujer, de los que señalaron como integrantes de una banda al servicio de los Úsuga. Además, las autoridades sospechan que estos participaron en la masacre de los tres policías en el sector de la Ye.
Los tres hombres y la mujer dados de baja habían estado detenidos el sábado, después del atentado contra los agentes, luego de que habitantes de El Pozón denunciaran su presencia sospechosa.
Todos eran oriundos del interior del país y del departamento de Córdoba. Una vez fueron puestos a disposición de una juez penal, esta, argumentando errores de procedimiento en su captura por parte de la Policía, los dejó en libertad. Cuarenta y ocho horas después, cuatro de los seis aprehendidos estaban muertos, tras un cinematográfico enfrentamiento con la Policía.
Desde entonces, en los barrios hay patrullajes de Infantes de Marina y de la Policía. La medida, que busca aumentar la seguridad y bajar los índices de criminalidad en las barriadas, ha sido cuestionada por unos y aprobada por otros.
Irina Junieles, la defensora regional del Pueblo en Bolívar, dijo que la militarización de los sectores vulnerables 'puede generar otras dinámicas de confrontación en el entorno urbano, que reconfiguren, incluso, nuevas formas de actuación de los grupos armados al margen de la ley, que pongan en mayor peligro a la población civil'.
Junieles manifestó su rechazo a los hechos de violencia «en los que lamentablemente murieron tres agentes de policía, en cumplimiento de su deber». Y advirtió que la presencia de Infantes de Marina en los barrios 'dificulta de mayor manera la tramitación de conflictos sociales por vías diferentes al uso de la fuerza, que son las que deben imperar en la sociedad, y en las que la Policía nacional tiene un papel trascendental».
Por su parte, el personero Distrital, William Matson, avaló la militarización de los barrios y, fue más allá, le sugirió al Alcalde declarar Toque de Queda en los barrios 'considerados de alto riesgo, como el Pozón, Olaya, Nelson Mandela, sitios donde también haga presencia la Infantería de Marina para controlar el orden'.
'Esta medida sería desde las 10 de la noche a cuatro de la mañana, considerando que muchas personas salen a trabajar temprano, yo estoy seguro que la ciudad no se va a oponer', agregó Matson.
Las cifras
En medio de este panorama, las cifras de homicidio son alarmantes. El primer trimestre del 2016 aparece como uno de los más violentos de los últimos nueve años. En enero se produjeron 23 homicidios; en febrero 22 y en marzo, 28. El año pasado (2015), fueron 20, en el primer mes; 13 en febrero y 26, en marzo.
En el 2015 se cometieron -en los tres primeros meses- 59 homicidios; en el 2014, 68; en el 2013, 43. Y este año, 73. La cifra más alta de estos cuatro últimos años.
Y todo esto ocurre en una ciudad considerada, otrora, un remanso de paz y segunda capital del país, donde llegan reyes, actores, divas, magnates y presidentes del planeta a extasiarse con su belleza colonial, al sabor de un buen vino y un fresco marisco.
