La Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la resolución 003569 del 28 de noviembre de 2016, ordenó la intervención forzosa administrativa de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe (HUC) durante un año.
Según se estableció, como agente especial interventor fue designado Fernando Enrique Trillo Figueroa.
'La prestación del servicio de salud se continuará brindando de manera normal e ininterrumpida con observancia a los derechos fundamentales de los usuarios y el respeto a las garantías de los trabajadores de la entidad, por lo tanto, cualquier tipo de acción que atente contra la salud e integridad de los usuarios será puesta en conocimiento de los órganos competentes para su respectiva investigación', quedó consignado en el acta de intervención conocida por EL HERALDO.
Como parte del proceso de intervención, le fue ordenado al personal de la ESE 'aportar la información de manera veraz y oportuna en los términos que sea solicitada'.
En el documento, firmado por el superintendente delegado para las medidas especiales, Javier Antonio Villarreal, quedó consignado que 'cualquier acto de obstrucción a la diligencia adelantada puede conllevar responsabilidad penal, fiscal, disciplinaria, o administrativa, en virtud de las facultades de Policía disciplinaria con que cuenta esta Superintendencia'.
El pasado 1 de noviembre, 150 especialistas del HUC estuvieron a punto de suspender la prestación de sus servicios por una deuda de siete meses de sus honoraios.
La Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena aportaron $2.000 millones, como parte del pago de la deuda. Sin embargo, las deudas de las EPS con el que es considerado como uno de los centros asistenciales más importantes de Cartagena y el departamento, continúan siendo millonarias.
Se estima que la cartera morosa es de $92.000 millones, como lo informó EL HERALDO en su momento.
