En la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, que fue suspendida este miércoles y que se reanudará mañana a las 8:00 a.m., la Fiscalía pidió detención carcelaria para cuatro de los capturados por la presunta apropiación ilegal de recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bolívar y detención domiciliaria para una de las detenidas.
Las cinco personas, entre quienes se encuentra la esposa y dos hijos del concejal de Cartagena Américo Mendoza Quessep, fueron capturadas el pasado viernes luego de que la Fiscalía diera a conocer un presunto detrimento de $1.566.650.198 en un contrato suscrito entra la fundación Prociencia y el ICBF, para la alimentación de niños de 0 a 5 años de 10 municipios en Bolívar.
En la diligencia judicial, la fiscal seccional 40, Dora Cáceres, pidió medida de aseguramiento carcelaria contra la tesorera de la fundación Prociencia, Flor Pérez Gutiérrez, quien es la esposa del concejal Mendoza; al igual que para Iván Camilo Mendoza Pérez, hijo de la pareja; Olga Pérez Gutiérrez, cuñada del cabildante, y representante legal de Prociencia; y Patricia Arnedo Pombo, quien ocupó el mismo cargo en 2015.
La única solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria, por parte de la Fiscalía, fue para María Camila Mendoza Pérez, hija del concejal Quessep, quien es madre de un niño que está bajo su cuidado.
Ante la solicitud de la Fiscalía, se espera que la juez de control de garantías tome una decisión este jueves.
La investigación del caso
De acuerdo con el ente acusador, tras analizar seis transacciones hechas por el ICBF a Prociencia para que pagara a los proveedores de la alimentación de niños de 0 a 5 años, fue identificado el presunto detrimento millonario. Para ello se compararon los precios de los productos en el mercado con los de las facturas aportadas, según explicó la Fiscalía.
La Fiscalía resaltó como uno de los aspectos más llamativos que, solo un mes después de la firma del contrato ente el ICBF y la Fundación Prociencia por un monto $7.818 millones 524 mil 064, fueron creadas las empresas a nombre de Iván y María Mendoza Pérez, las cuales se constituyeron en proveedoras de los insumos.
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Para el ente investigador resultó sospechoso que dos jóvenes universitarios, que conviven bajo el mismo techo con sus padres, en una casa de la urbanización Paraíso Real, reunieran los requisitos para ser cabezas visibles de los proveedores Logística Integral SAS y Distrimarket y Comercio.
De acuerdo con la Fiscalía, todas las facturas de los proveedores presentaron presuntos sobrecostos 'muy superiores' al 20%.
Además, que 'no se suministraba ninguna fruta' en la dieta alimenticia de 3.744 niños beneficiarios en Bolívar.
Protesta de trabajadores de Prociencia
Trabajadores de la fundación Prociencia hicieron el pasado lunes una protesta en la que respaldaron a las cinco personas capturadas.
Los trabajadores dijeron estar preocupados por el futuro de la fundación de la que, según expresaron, dependen económicamente unas 100 familias de Cartagena.
La coordinadora pedagógica de la fundación, Hania Margarita Muñoz Tous, aseguró que la entidad trabaja 'de manera legal y ha cumplido con todas las entregas de los alimentos, según se ha establecido en los contratos'.
'La doctora Flor Elena es mujer honesta, trabajadora y conocida en todas las comunidades de Cartagena por su labor social. Ella ha trabajado con las madres comunitarias en la administración de hogares, programas de atención a la primera infancia, entre otros', dijo Muñoz.
