Luego de que la Contraloría Distrital revelara 35 presuntos hallazgos fiscales por más de $6.835 millones durante 2015, último año de gestión del ex alcalde Dionisio Vélez Trujillo, este dijo a EL HERALDO que aún no ha recibido ningún llamado por parte de la entidad de control.
'No he recibido ninguna notificación, de manera formal, de la Contraloría. De eso no estoy entregando declaraciones', expresó el exmandatario al devolver una llamada hecha por este medio para conocer su posición respecto a la auditoría.
De acuerdo con el informe, ordenado por la Contralora distrital, Nubia Fontalvo, en la auditoría encontraron presuntos hallazgos fiscales en siete dependencias.
Además de irregularidades como diplomas y tarjetas profesionales falsas usadas para contratar a personas a través de órdenes de prestación de servicios, en el despacho de la Alcaldía también encontraron 96 depósitos de tinta para impresión 'en mal estado', que representan un detrimento por $77.007. 806.
EL HERALDO conoció que otro de los hallazgos llamativos fue un presunto detrimento patrimonial en el Establecimiento Público Ambiental, EPA, por más de $307 millones en un convenio con la Fundación Tecnológica Comfenalco para adquirir un software que 'cumplía las mismas funciones' del que se venía utilizando, señala el informe.
'El Establecimiento Público Ambiental (EPA) aportó un valor de $307.500.000, en la ejecución del Convenio N°131 del 20 de mayo de 2015 con la Fundación Tecnológica Comfenalco, para adquirir el Sistema CIGA; prescindiendo del uso del Sistema Sigob que al igual que el CIGA permite ejecutar la gestión documental, realizar seguimientos a la información recepcionada, ajustar y/o actualizar de acuerdo a las necesidades internas y efectuar consultas y seguimientos por parte la ciudadanía vía web', concluyeron los auditores de la Contraloría.
El organismo de control explica que 'de acuerdo al informe técnico se concluye que el objeto del contrato presentó un alto grado de improductividad, lo que conlleva a una gestión fiscal antieconómica. Es evidente que el EPA invirtió unos recursos considerables en la adquisición de un software, pese a contar con uno que cumplía con las mismas funciones'.