La preocupación por el riesgo de desplome del cerro de La Popa se mantiene. Pese a que la Alcaldía ha tomado algunas medidas preventivas, hay un aspecto que ha sido denunciado y que se constituye en las invasiones en ese área, que ha generado la deforestación de 26, 6 hectáreas.
El pasado 22 de febrero, tras una acción popular interpuesta contra el Distrito por la ex defensora del Pueblo en Bolívar Irina Junieles, el Juzgado Séptimo Administrativo declaró 'vulnerados los derechos colectivos del medio ambiente' frente a lo que ese despacho catalogó como producto de la 'urbanización ilegal' en el cerro de La Popa.
Seis meses
En el mismo documento, el juzgado le concedió al Distrito un plazo de seis meses para realizar el censo, y otros cuatro para tomar las medidas que impidan nuevas invasiones en la zona, se hace énfasis en que el conteo de familias debe iniciarse en los sectores de La Popa identificados como Kennedy, Loma del Rosario, Loma del Diablo y La Bendición de Dios.
'Se tendrá en cuenta el censo de las personas que actualmente habitan en la zona y, una vez construido el proyecto para reubicar a las familias que hacen parte del censo, se procederá al desalojo de las personas y posterior destrucción de las casas', destaca el fallo.
El daño ambiental
Rafael Zúñiga, presidente de la fundación Eco Parque Histórico y Cultural La Popa, Ecopopa, dijo que, a falta de un censo, se estima que son unas 300 las familias que han construido casas de manera ilegal en el cerro.
De acuerdo con Zúñiga, uno de los aspectos más preocupantes que dejan las invasiones en el cerro de La Popa son las cerca de 26, 6 hectáreas que han sido deforestadas por quienes realizan talas para construir sus casas en las zonas.
De acuerdo con el presidente de Ecopopa, en gran medida, las personas que invaden La Popa fueron beneficiarias de viviendas de interés social en las urbanizaciones Ciudad del Bicentenario y Colombiatón, durante la administración de la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez.
