El desplome del edificio de siete pisos en construcción Portal de Blas de Lezo II, ubicado en el sector Plan 400 del suroccidente de Cartagena, y que deja como saldo 10 personas fallecidas, sigue despertando cuestionamientos en torno al papel que debieron desempeñar las autoridades locales para garantizar que la obra cumpliera con los requerimientos legales establecidos y prevenir la tragedia que hoy enluta a la capital de Bolívar.
El primero en reaccionar fue Carlos Iván Márquez Pérez, director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, hizo un enérgico pronunciamiento contra los constructores del proyecto.
'Los únicos desaparecidos son los dueños del sitio, a quienes se tienen que buscar con el fin de que respondan'. Añadió que 'esto no puede seguir sucediendo, pues ha generado la muerte de diez personas. Hay que tomar las medidas jurídicas correspondientes.
Por su parte, luego de que el curador urbano 1, Ronald Llamas Bustos, confirmó que en la obra había sido usada una licencia de construcción falsa y que tampoco existía ningún trámite para adquirirla, en un acalorado debate el Concejo Distrital de Cartagena planteó este viernes interrogantes como ¿por qué nadie advirtió que la construcción era ilegal? o ¿por qué no se hizo nada para suspender los trabajos a pesar de que se realizaban en un lugar visible?
El concejal del partido de La U, César Pión González, vicepresidente segundo del Concejo Distrital, frente a los interrogantes, le hizo un llamado al alcalde de Cartagena, Manuel Duque, para que le solicite la renuncia a los funcionarios de su Administración que fueron señalados en la sesión como 'responsables'.
'Creo que el alcalde, en primera instancia, debe separar a los funcionarios que les compete la norma. Y dejar que los órganos de control materialicen. Un control político (del Concejo) en estos momentos no daría resultados, porque ya esto pasa a manos mayores: a la Fiscalía y la Procuraduría, para ver si hubo faltas disciplinarias y si hay acciones penales', dijo Pión.
En medio del debate, fueron cuestionados los funcionarios Luz Paternina, secretaria de Planeación; el director administrativo de la Secretaría de Control Urbano del Distrito, Olimpo Vergara Vergara; y la alcaldesa local, Patricia Zapata.
'En varias sesiones nosotros hemos tenido la oportunidad de citar a Control Urbano, a Planeación y Alcaldías locales, exigiendo resultados de las construcciones que se hacen en la ciudad, que estaban sin control. Y muchas veces nos atrevimos a decir que los alcaldes locales eran figuras decorativas', dijo Pión.
El Vicepresidente segundo del Concejo se mostró contrariado porque no existe claridad con respecto a las medidas de seguridad de otras construcciones en la ciudad, como lo expresó la directora del Consejo Gremial de Bolívar, Patricia Galindo, quien advirtió que el 60% de este tipo de proyectos se hacen 'de manera ilegal'.
'Nosotros decíamos que constantemente se estaban dejando construir en la ciudad y en espacios que no debían. Ahora el problema no es este edificio. La pregunta es: ¿cuántos edificios con debilidad están construidos en la ciudad?', puntualizó Pión.
Denuncia
Frente a lo ocurrido, el alcalde de Cartagena, Manuel Duque, quien creció en el barrio Blas de Lezo, dijo que la Administración decidió entablar una denuncia penal contra los constructores luego de conocer que la licencia era falsa.
De los constructores, de acuerdo con información suministrada por la directora del Consejo Gremial de Bolívar, hasta el momento solo se ha dicho que son conocidos como los hermanos Quiroz (Wilfran y María).
'Al enterarnos de que la licencia era ‘chimba’ (falsa), vamos a hacer las acciones del caso para que no nos vuelva a ocurrir esto en la ciudad de Cartagena y hacer sanciones ejemplarizantes porque la justicia tiene que actuar en este caso. Falsificar una licencia tiene una sanción, para no hablarte de los muertos que hubo acá. No podemos permitir que se burlen de las autoridades de esta manera', dijo Duque.
El alcalde dio a conocer que, con su equipo de Gobierno, ordenó la creación de una comisión especial para indagar sobre las construcciones de la ciudad sobre las cuales existen indicios de que serían ilegales e hizo mención de que los responsables del proyecto Portales de Blas de Lezo II tendrían más construcciones de su propiedad.
