La Procuraduría General de la Nación interpuso un incidente de desacato ante el Tribunal Superior de Cartagena y solicitó la evacuación de la cárcel de mujeres San Diego o en su defecto, la adopción inmediata de medidas que permitan salvaguardar los derechos de las internas y del personal administrativo, ante el grave deterioro en el que se encuentran las instalaciones de ese centro penitenciario.
El recurso fue instaurado por el Ministerio Público luego de verificar que las acciones ordenadas en el fallo de tutela T - 126 de 2009 de la Corte Constitucional para el mantenimiento, adecuación y reparación de ese penal no han sido cumplidas por las autoridades correspondientes.
En ese mismo fallo, la Corte Constitucional ordenó iniciar las obras de construcción del Complejo Penitenciario, Carcelario y de Reclusión de Mujeres de Cartagena, previsto en los documentos Conpes 3277 del 15 de marzo de 2004 y 3412 del 6 de marzo de 2006, obra que a la fecha no se ha iniciado por diversos problemas administrativos.
En el seguimiento realizado por la Procuraduría Provincial de Cartagena, que incluyó visitas a las instalaciones del penal, se evidenció un aumento en el deterioro de vigas y columnas que incrementa la posibilidad de un desplome de la estructura en algunas zonas del lugar, lo que genera un peligro inminente sobre la integridad de las internas, el personal administrativo y las guardianas.
El incidente de desacato fue instaurado contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena, entidades encargadas de cumplir lo dispuesto en el fallo de tutela.
