Los ecos de la investigación que adelantó la Fiscalía contra Manuel Duque su primo hermano José Julián Vásquez, la contralora distrital Nubia Fontalvo y el concejal del partido conservador Jorge Useche, se escucharon ayer en el Tribunal Administrativo de Bolívar y tocó al magistrado Luis Miguel Villalobos a quien le abrirán un proceso de investigación en la Corte Suprema de Justicia, según lo anunció la misma fiscal del caso.
El ente investigador abrió así un nuevo capítulo de este proceso que fue anunciado por parte del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, como la operación La Heroica en la que se puso de presente la corrupción administrativa que se cuadró desde la alcaldía para lograr los objetivos y metas que se propusieron como la irregular elección de la contralora distrital.
Fue así como el ente investigador demostró a través de las interceptaciones de audios, la manera cómo algunos procesos de segunda instancia tenían que llegar a las manos del magistrado Villalobos para verse beneficiados con la justicia en esta ciudad.
El proceso comenzó en 2015
La tarea de la Fiscalía consistió en ir estableciendo los engranajes de esta cadena delictiva que se remonta al proceso de investigación en las elecciones del pasado 2015.
Para el ente investigador allí comenzó lo que sería la participación del magistrado Villalobos pues varias de las demandas interpuestas por algunos afectados en los comicios electorales llegaron a manos del magistrado por orden, al parecer, de Patricia Jiménez, delegada de la Registradora en Bolívar quien a través de algunos abogados amigos los asesoraba para beneficiarlos con las decisiones legales.
En su momento fueron 92 interceptaciones de la Fiscalía lo que permitió poner de presente el fraude electoral en el que tendría una decidida participación el magistrado Villalobos.
Las llamadas se convirtieron en ficha fundamental dentro del rompecabezas que la Fiscalía General, en la llamada Operación Cuello Blanco, armó con el fin de demostrar la responsabilidad de varias personas.
La audiencia se reanuda el 26 de agosto
Durante el décimo día de audiencias, el ente acusador reveló que vendrán más capturas y que este es el inicio de una gran investigación. 'Esto apenas es el comienzo de un gran investigación. Falta por vincular más funcionarios. Habrá imputación de cargos contra otros concejales de la ciudad', señaló la fiscal, al tiempo que detalló que hay 'un testigo que corrobora el pago económico a los concejales' en el proceso de elección de la controlara.
La fiscal también dejó abierto el interrogante sobre los orígenes de los recursos con los que al parecer, el primo hermano del alcalde Duque, habría ‘arreglado’ la votación de los 14 concejales a favor de la abogada Fontalvo.
De igual manera la fiscal señaló que la relación entre los concejales y José Julián Vásquez no se limitó a simples llamadas y acuerdos para obtener beneficios de un organismo de control, sino que esta trascendió, según el ente acusador, a la posible cancelación de los servicios de los abogados que tuvieron a su cargo la defensa de los cabildantes durante el proceso adelantado por la Procuraduría General en el mismo caso de la contraloría.
El ente investigador estableció que hubo una tercera persona que habría hecho los pagos de los abogados defensores. La fiscalía dijo que se trataría de una senadora, cuya identidad no se reveló.
'Es importante determinar de dónde proviene esa suma de dinero, teniendo en cuenta que quienes hacen los acuerdos y pagos están a la cabeza de la administración distrital, es decir José Julián Vásquez y Manolo Duque'. Con esto, la fiscal evidenció la posibilidad de que el dinero de todos estos pagos tendría como procedencia el presupuesto distrital.
A la hora de sustentar la solicitud intramuros para los cuatro imputados, la fiscal aseguró que los cargos y las posiciones de poder que ostentan en la actualidad los indiciados se convierten en obstáculos para el avance y buen término de la investigación.
'Había una condición obstructiva a la labor de la Fiscalía. De acuerdo a lo que percibieron los investigadores judiciales que solicitaban documentación en la Alcaldía, había funcionarios con órdenes de dilatar la entrega de información', dijo.
Agregó que si el juez no concede la medida de aseguramiento estaría en juego ‘la continuidad de la actividad delictiva’ por parte de los capturados, ya que todos los imputados tienen a su haber una serie de denuncias e investigaciones que evidencian la construcción de una red de corrupción en varios frentes de la ciudad, y de estar libres, podrían seguir presentándose en la administración.
