Con el apoyo de la Unidad de Víctimas se realizará un plan de reubicación del cabildo indígena Zenú de Membrillal. El Distrito será el articulador para que este ente nacional ubique en un inmueble que tenga las condiciones idóneas para el traslado de esta comunidad hacia un sitio similar al que están ocupando, y el cual por decisión de un juez deben desalojar.
En reunión del Comité de Justicia Transicional extraordinario se aprobó que este es un hecho colectivo y, que por tanto se hará una reubicación colectiva de las 65 familias, que a la fecha son las que hay que reubicar.
La comunidad indígena también realizará una caracterización y la enviarán a la Alcaldía, que a su vez cruzará la información para verificar quienes tienen beneficios de programas y ofertas del Distrito en vivienda, superación de pobreza, Sisbén y unidades productivas.
Para mañana jueves se realizará una reunión con la Agencia Nacional de Tierras y miembros del Comité de Justicia Transicional sobre los inmuebles para la reubicación e iniciar un cronograma con la oficina de Atención a Víctimas.
De mutuo acuerdo entre las partes se logró que la diligencia de desalojo fuera aplazada dos meses, tiempo en el cual la Unidad de Víctimas reubicará a esta comunidad.
Es de resaltar que la diligencia no obedece a un desalojo por ocupación de hecho de la comunidad, sino de que emana de una orden de un juez en el marco de un negocio jurídico entre particulares.
Durante la reunión se hizo una evaluación de las familias que se encontraban habitando la finca San Isidro. Son 477 personas distribuidas en 104 familias, pero de este total solo al momento de la diligencia se encontraban 71.
Al Comité de Justicia Transicional asistieron entidades de la Personería, Defensoría, Procuraduría y abogados de las comunidades indígenas y el abogado representante de la familia propietaria del predio.
Se suspendió el desalojo
Patricia Zapata, alcaldesa de la Localidad 3, dio en su momento la orden de suspensión de la diligencia de desalojo del Cabildo indígena Zenú ubicado en Membrillal, luego de sostener una reunión con las autoridades, los propietarios del terreno y los líderes de esta comunidad. De esta manera, en los próximos ocho días, se deberán tomar decisiones y medidas que garanticen la protección de los derechos de los miembros del Cabildo indígena que ocupa ese predio en calidad de arrendatarios desde casi nueve años, luego de ser desplazados por la violencia.
'Duramos un año mantuvimos conversaciones con los representantes del cabildo indígena, tratando de convencerlos de que abandonaran de buena manera el predio. La propietaria les brindó la oportunidad de habitarlo pagando $1.500.000 mensuales, y además pidió el favor que desocuparan, pero nos hemos visto en la penosa necesidad de ejecutar la orden legal para que desalojen', había advertido Emerson Córdoba, abogado de los propietarios.
