Ante la Fiscalía Seccional Bolívar se entregó Poldino Posteraro Ariza, gerente de Sayco, sobre quien recaía una orden de captura por los presuntos delitos de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, falsedad ideológica y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La orden de captura contra Poldino Posteraro Ariza, fue emitida junto con otras siete más en desarrollo de una investigación que adelanta el ente investigador por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de construcción del acueducto del corregimiento de Caracolí, zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar).
En las investigaciones la Fiscalía constató que la obra quedó en un 20% de su construcción, por lo que se habría configurado un detrimento patrimonial.
Por estos hecho ya fueron capturados: Uriel Antonio Vilora Arias, extesorero de la Alcaldía de El Carmen de Bolívar (2012 – 2015), quien deberá responder por los delitos de violación al régimen legal o constitucional, inhabilidades e incompatibilidades, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales vigentes y falsedad ideológica en documento público; al igual que Silvio Esnobis Cuesta Solano, quien fue el primer contratista de la obra; y Winston Hernández Anaya, interventor privado, procesado por peculado por apropiación.
Durante la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, que terminó esta noche, un juez cobijó con medida domiciliaria a Cuesta Solano y Hernández Anaya, mientras que a Vilora Arias lo dejó en libertad con algunas restricciones y vinculado al proceso.
Cuatro personas mas aún están prófugas: Francisco José Vega Arrauth, exalcalde de El Carmen de Bolívar y Mario José Melo Villa, exsecretario de planeación de ese municipio, y los contratistas César Andrés Beltrán Castillo y Orlando Vega Guzmán.
Los elementos recopilados en las indagaciones evidenciaron que para la realización del acueducto de Caracolí, fueron desembolsados inicialmente 1.640 millones de pesos y luego, a través de un otrosí, se entregaron 600 millones de pesos más, para un total de 2 mil 240 millones de pesos.
La Fiscalía estableció que, además de que la obra no se realizó en su totalidad, el terreno donde se levantaron los trabajos no tenían escritura pública ni licencia de construcción.
