La Fiscalía informó en un comunicado que en las instalaciones de la Fiscalía Seccional Bolívar se entregaron Francisco José Vega Arrauth, exalcalde de El Carmen de Bolívar y Mario José Melo Villa, exsecretario de planeación de ese municipio, en atención a una orden de captura en su contra por irregularidades en el acueducto de Caracolí.
Tanto Vega como Melo deberán responder por los delitos de violación al régimen legal o constitucional, inhabilidades e incompatibilidades, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales vigentes y falsedad ideológica en documento público.
'Los elementos recopilados en las indagaciones evidenciaron que para la realización del acueducto de Caracolí, fueron desembolsados inicialmente 1.640 millones de pesos y luego, a través de un otrosí, se entregaron 600 millones de pesos más, para un total de 2 mil 240 millones de pesos', indicó el ente de control.
Hasta la fecha, advierte la Fiscalía, la obra va en un 20% de su construcción, por lo que se habría configurado un presunto detrimento patrimonial.
'El ente acusador también estableció que, además de que la obra no se realizó en su totalidad, el terreno donde se levantaron los trabajos no tenían escritura pública ni licencia de construcción', se lee en el boletín.
El miércoles, en las horas de la tarde, se había entregado Poldino Posteraro Ariza, gerente de Sayco, sobre quien también recaía una orden de captura por los mismos delitos.
En total fueron ocho órdenes de captura las que se emitieron, inicialmente fueron detenidos: Uriel Antonio Vilora Arias, extesorero de la Alcaldía de El Carmen de Bolívar (2012 – 2015), quien es procesado por los delitos de violación al régimen legal o constitucional, inhabilidades e incompatibilidades, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales vigentes y falsedad ideológica en documento público; al igual que Silvio Esnobis Cuesta Solano, quien fue el primer contratista de la obra; y Winston Hernández Anaya, interventor privado, sindicado de peculado por apropiación.
Durante la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, el juez cobijó con medida domiciliaria a Cuesta Solano y Hernández Anaya, mientras que Vilora Arias quedó en libertad con algunas restricciones y vinculado al proceso.
Por ahora, indicó la entidad, siguen prófugos de la justicia los contratistas César Andrés Beltrán Castillo y Orlando vega Guzman, requeridos dentro de la misma investigación.
