Miguel Jiménez e Irina Ortega son dos de los propietarios de viviendas afectadas tras el derrumbe del edificio Portales de Blas de Lezo el pasado 27 de abril. Según estos dos residentes de viviendas ubicadas a escasos metros del lugar donde ocurrió la tragedia que dejó 21 obreros muertos, las grietas en pisos y paredes que surgieron luego del desplome tienen en riesgo no solo la estabilidad de sus casas sino hasta sus propias vidas.
'Cuando llueve, cuando hay brisa, tenemos que salir de la casa, porque nos da miedo que se nos vayan a venir encima las paredes. La verdad nos da mucho miedo que pase algo más grave', aseguró Miguel Jiménez, cuya vivienda está ubicada justo al frente del terreno en el que se construía el edificio de siete pisos.
Irina Ortega, otra habitante del barrio Blas de Lezo, además denunció que la ‘maleza’ y los insectos se han apoderado de ese terreno con el incremento de las lluvias en la últimas semanas. De acuerdo a Ortega, cuya casa presenta grietas en la sala y las habitaciones, esta falta de limpieza y aseo en el terreno ahora baldío es un agravante para la proliferación de enfermedades y cuadros virales.
Por su parte, la Alcaldía señaló que estas reclamaciones no deben recaer sobre el Distrito sino en los mismos constructores, quienes ya aceptaron los cargos de urbanización ilegal.
'Hay una confusión de competencias, porque en el inmueble donde se presentó el derrumbe pertenecía a un particular y, además, en este momento se encuentra en custodia de la Fiscalía', expresó la directora de la Escuela de Gobierno, Yolanda Wong, quien se refirió a este tema debido a que el alcalde (e), Sergio Londoño Zureck, se encuentra fuera de la ciudad cumpliendo compromisos como director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional.
Wong afirmó también que 'los propietarios de estas residencias afectadas deberían acudir a la Fiscalía para conocer quiénes se hicieron responsables de los delitos y hacia quiénes deben estar dirigidas las acciones legales que les permitirán solucionar su problema'.
Según la funcionaria, la asesoría y la socialización de esta información ya fue hecha con los habitantes del sector en jornadas de entregas de tejas para las viviendas y limpieza del sector.
'El terreno, al ser objeto de una investigación, está en custodia de la Fiscalía, y son ellos quienes deben asumir su cuidado. Sin embargo, se han pedido permisos para hacer jornadas de limpieza y fumigación', dijo.
Wilfran Quiroz, el constructor de la edificación colapsada, se vio beneficiado por la decisión del juez Primero Penal del Circuito de Cartagena que le brindó casa por cárcel. El delito que reconoció el constructor fue el de urbanización ilegal, dándole así un total de cuatro años y seis meses privado de la libertad.
