Un llamado para sintonizar las acciones de la rama judicial con los entes de control hizo este lunes el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, a fin de que se tomen acciones tendientes a que prospere la nulidad de las licencias del controvertido complejo Aquarela Multifamiliar que se construye cerca del Castillo de San Felipe.
'Esperamos contar con el respaldo del poder judicial para que este camino nos de certeza sobre lo que viene para adelante. Esto no es solamente detener las obras, sino buscar la demolición del edificio por decisión de la justicia que es muy importante porque no debería ser una decisión de la Procuraduría General de la Nación o del Ministerio de Cultura en materia patrimonial, sino el respaldo por parte de la rama judicial'.
El representante del Ministerio Público dijo que se radicaron las demandas de nulidad en contra de las cuatro torres que comprenden el proyecto urbanístico. Carrillo enfatizó que en concepto de la Procuraduría, ese tipo de construcciones se ha edificado violando las normas establecidas y de conservación del Castillo de San Felipe y su armonización con el entorno paisajístico y cultural.
Precisó que con estas labores no se pretende soslayar de ninguna manera la seguridad jurídica que es fundamental en este sector de la economía y es por esta razón que con estas acciones se busca la protección jurídica de 230 proyectos en curso en la ciudad. 'No se trata de poner en entredicho todo. Hemos descubierto irregularidades y queremos enfatizar en ellas porque quienes han desviado los fines del urbanismo como bien colectivo pues se tienen que atener al peso de la ley'.
Carrillo explicó que se hará con los procuradores penales un especial seguimiento para que los recursos de las personas que fueron invertidos de buena fe en este proyecto se enmarquen en el plan de normalización.
Está claro, según el representante del ministerio Público, que el Curador Urbano nunca ha debido expedir esas licencias de construcción pues violó deberes que le imponían una altura muy inferior a las edificaciones que ahora mismo se están levantando y nunca han debido superar al Castillo de San Felipe que sean de cuatro pisos. 'Este trabajo se complementa con las acciones populares que ya se han venido presentando'.
'Esto tiene un efecto directo con organizaciones internacionales como la Unesco que han mantenido que ese castillo y el paisaje de Cartagena hay que defenderlo y por eso nos parece importante defenderlo', sostiene Carrillo.
Acciones preventivas
Se han tomado unas acciones a nivel preventivo y disciplinario. Lo primero que se debe decir es que esto va mucho más allá de la suspensión de un alcalde porque aquí se está hablando de la forma como se enquistó la corrupción y la gestión urbana. 'Cada vez que se abre una puerta en materia de control urbano en Cartagena aparecen nuevas sorpresas. Esto es muy lamentable'.
Es así como las acciones de la Procuraduría se han concentrado en un trabajo conjunto con la administración distrital que tienen que ver con un Plan de Normalización del Urbanismo 2017 – 2018. Esto se viene trabajando y promueve además unas demandas contra las licencias ilegales que han sido materia de análisis y han generado conmoción en la ciudadanía cartagenera.
Dicho plan es producto de una acción popular instaurada por la Procuraduría General de la Nación en procura de lograr superar la crisis del sector de la construcción en la ciudad.
¿Qué contempla el plan?
De manera muy sucinta el plan contempla las siguientes medidas: control ciudadano instantáneo y transparencia total; cuerpo élite de reacción y vigilancia de la Procuraduría; diagnóstico sobre el estado de las viviendas sean legales o ilegales; creación de un punto de información con las curadurías urbanas; fortalecimiento de las inspecciones de policía; vincular los diferentes actores a nivel nacional y distrital y medidas público privadas para vincular al gremio de los constructores.
