La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a siete exdirectivos de la firma (CB&I) y de la Refinería de Cartagena (Reficar), por las irregularidades que se habrían presentado en la modernización de la infraestructura de Reficar y que ocasionaron sobrecostos por un valor superior a los 610 mil millones.
El escrito de acusación fue presentado sin que se haya resuelto todavía por parte del Juzgado 16 Penal Municipal de Bogotá si dicta medida de aseguramiento o no contra los implicados, pues la audiencia continuará el 15 de enero.
El Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que es un hecho inédito: 'No hemos terminado la audiencia por las dilaciones que ha tenido el proceso, por la necesidad de lograr traducciones de miles de documentos, por las intervenciones que se han hecho, que ha llevado a que solo el próximo 15 de enero se conozca la decisión judicial sobre la medida de aseguramiento'.
'Por ello pasaron los 120 días desde la imputación y fue necesario presentar el escrito de acusación, de tal manera que el proceso continua adelante', señaló.
Los empresarios están vinculados a la investigación por la suscripción de dos contratos, acuerdos y enmiendas con la firma CB&I, supuestamente, sin el cumplimiento de los requisitos legales de contratación administrativa y estatal, en hechos ocurridos desde el 20 de enero de 2009 hasta diciembre de 2010.
Los llamados a juicio son Philip Kent Asherman, representante legal CB&I, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente, como beneficiario de la contratación en el año 2010. Y Massoud Deudehban, director de Proyectos y representante legal CB&I 2009, quien fue imputado por peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito a favor de particulares.
Igualmente, el expresidente de Reficar S.A. Orlando José Cabrales y el miembro de la junta directiva Pedro Alfonso Rosales Navarro, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
El llamado a juicio también va dirigido en contra del presidente de Reficar 2012- 2016, Reinoso Yáñez, imputado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y varios concursos de falsedades ideológicas en documento público, por los estados financieros entregados y formados en los años 2013 al 2015.
De la misma manera, el vicepresidente jurídico, Felipe Arturo Laverde Concha, responderá por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros e enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Por último, fue llamado a juicio el revisor fiscal entre 2013 y 2015, Carlos Alberto Lloreda, por incurrir presuntamente en un concurso de falsedades ideológicas en documento público y complicidad en peculado por apropiación a favor de terceros.
