La juez tercera penal con funciones de control de garantías Yuri Ponce determinó aplazar las evacuaciones entendiendo que el distrito no cuenta hasta el momento con un óptimo plan de atención a las víctimas. Esto concuerda con lo que venían solicitando los abogados quienes argumentaron que antes de revictimizar a los propietarios se deberían tomar acciones puntuales para resolver los problemas de estos propietarios. Moradores de los edificios se sintieron complacidos con el aplazamiento de las evacuaciones y señalaron que el distrito debe cumplirles con las garantías para poder salir de sus residencias. Situación que hasta el momento no ha sido así.
El martes el departamento jurídico de la alcaldía de Cartagena tendrá la oportunidad de exponer el plan de acción para las familias afectadas con la decisión, del que se ha sabido contempla entregar un subsidio de arriendo mensual de hasta un millón de pesos por familia. Ninguna de las familias ha aceptado desplazarse hasta los albergues temporales adecuados por la alcaldía en el coliseo de Combate donde hay colchonetas y kits de aseo para atender a los afectados
Parte de la audiencia que se adelantó en una de las salas del complejo judicial permitió que la Fiscalía adelantara los argumentos de peso para que el distrito le garantice a estas personas la salida de sus residencias y le brinde el apoyo necesario mientras se toma una decisión definitiva frente a este drama. Igualmente, se presentaron los representantes legales de las víctimas para asumir la defensa y evitar así la salida de sus residencias.
Distrito dice que han evacuado en un 60 %
La secretaria del interior de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, dijo que la evacuación ha avanzado en un 60 % de los apartamentos afectados por la medida de la Alcaldía Distrital de ordenar la evacuación de 16 edificios construidos irregularmente, y que presentarían fallas en su estructura. 'Se han ido de manera voluntaria, ninguno ha querido ir al albergue pero lo tenemos de manera transitoria porque ya se han dispuesto recursos para entregarles un subsidio de arriendo', afirmó Wong.
'Esta decisión es dolorosa, pero es por el bien de Cartagena, y hace parte del plan de normalización que sugirió la Procuraduría tras el caso Blas de Lezo', expuso la funcionaria. Los subsidios de arriendo que se les entregarían a los afectados oscilarían entre 800 mil y un millón de pesos, recursos del Distrito que se entregarán gracias a la declaratoria de calamidad pública.
