Una estafa a los propietarios, así fue considerada la venta de los apartamentos de los 16 edificios que corren peligro de colapsar, por parte del ministro de vivienda Camilo Sánchez Ortega, quien señaló que ante una situación como esta el camino expedito que le quedan a estas familias es comenzar los caminos de las diligencias legales a que haya lugar.
Con relación a las controvertidas edificaciones el ministro precisó que se encontró el detalle de que todas son ilegales y ninguna de ellas cuenta con la licencia de construcción. Ante un panorama como este donde los compradores fueron víctimas de una estafa, según el ministro, les quedan los mecanismos de protección; es decir, el estatuto al consumidor, el código del comercio y el código civil.
El jefe de la cartera de vivienda manifestó además que los propietarios no cuentan con pólizas o seguros toda vez que las construcciones son ilegales. Y sumado al problema de la ilegalidad, según el ministro, se esperan los resultados definitivos de los estudios adelantados por la Universidad de Cartagena que, de llegar a determinar que si son construcciones que están en riesgo, muy seguramente se deben demoler para el beneficio de la gente. 'Puede suceder que sean ilícitas pero que estén bien construidas y esto no pasaría', dijo el ministro.
'Esto fue un robo absoluto y una estafa la que se le hizo a estos ciudadanos que no tienen hoy la posibilidad de contar con un amparo porque no hay nada que ampare lo ilegal'.
Un problema que viene de atrás
A juicio del ministro este problema viene de años atrás, de administraciones anteriores donde en oficinas como las de planeación no se adelantaron los controles adecuados. 'Ya la situación se está afrontando y se están defendiendo las vidas de cientos de cartageneros y de no haberse hecho se tendrían unas condiciones nefastas'.
El jefe de la cartera de vivienda resaltó que una situación tan dura como la que se ha vivido en Cartagena requiere de liderazgo y de un trabajo en equipo que de respuesta a los procesos que den paso a la legalidad. Y de esta forma, el distrito de Cartagena cuenta con el acompañamiento constante del ministerio de Vivienda y del Gobierno Nacional.
Con relación a los estudios adelantados a las edificaciones, el ministro solicitó que fueran enviados a la comisión de sismoresistencia, para coadyuvar con los análisis y así ejercer todo el control necesario sobre el mismo y así poder tomar decisiones con las que se puedan proteger a las familias que han sido estafadas en estas construcciones.
El ministro puntualizó que la ley 1796 denominada anti Space o de vivienda segura está vigente desde hace más de un año y aseguró además que es falso que digan se puede construir de manera irresponsable cualquier edificio en Cartagena o en cualquier lugar del país.
'Teníamos una parte que nos hacía falta terminar y era la que se refería a amparos pero el 24 de enero hemos subido ya el decreto para que toda la ciudadanía pueda hablar del mismo y terminar este proceso que lleva ya casi tres meses'.
