Desconcertados e ignorados se sienten las 900 familias que han decidido invertir parte de sus ahorros en la compra de su vivienda en el polémico complejo proyecto Aquarela Multifamiliar que se construye cerca del Castillo de San Felipe.
Aseguran que a diferencia de los Quiroz, los constructores de estos edificios estipulados como Vivienda de Interés Social, tienen en sus manos todas las licencias que le dan firmeza al proyecto urbanístico.
Julieth Cruz, líder de la Asociación de compradores de Aquarela, manifestó que ven con preocupación el que instancias como el Distrito o el gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura se ‘tiren’ la pelota sobre la edificación de la que dicen está afectando la visual y la panorámica de un bien patrimonial como es el castillo y esto, a su vez, pone en riesgo la declaratoria de la ciudad como Patrimonio Histórico de la Humanidad por parte de la Unesco.
'Nos parece absurdo que por una negligencia del distrito o del ministerio que no tomaron las debidas precauciones de verificar o del cumplir con su deber hoy estén afectando a cientos de familias cartageneras. Esperaron a que una entidad como la Unesco llegara para tomar esta decisión de sellar e interrumpir la construcción', comenta la mujer.
Aseguran que ante los hechos evidenciados con relación a las 16 edificaciones construidas por los Quiroz en la ciudad sin ningún documento legal, cuando ellos fueron a comprar revisaron que toda la documentación estuviera en regla y sin ningún problema.
Efectivamente, la constructora les garantizó a ellos que todos los papeles estaban en regla y que sus ahorros tendrían el respaldo de que sus viviendas serían entregadas en 2019.
Con preocupación han visto cómo sobre el edificio se ha posado una nube de cuestionamientos y malos comentarios que terminan por estigmatizar a las familias que allí compraron.
'El problema para nosotros es que compramos en una zona que estaba legal y hoy nos dicen que nuestras casas están literalmente en el aire. Necesitamos hablar y contar con un espacio ante la administración distrital para que nos escuchen pues a nosotros nos tienen ignorados', comenta Julieth Cruz quien señala que la incertidumbre es total por parte de las 900 familias compradores que esperan el fallo del juez.
