Un fuerte pronunciamiento hizo ayer el Consejo Gremial de Bolívar ante la situación que se vive con relación a la afectación del patrimonio por parte del complejo urbanístico Aquarela Multifamiliar y la tensa relación que se viene manejando entre el Ministerio de Cultura y la administración distrital.
Al respecto, el ente, asegura a través de un comunicado que es realmente delicada la situación que se presenta ante la posibilidad de la pérdida del título de 'Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad' de Cartagena de Indias, debido a la construcción de este proyecto de vivienda. Asegura que esta situación que se está evidenciando hoy responde a la falta de atención en tiempo oportuno de las autoridades nacionales y territoriales, quienes no han actuado conforme lo ordenan los principios de planeación, inmediación, celeridad, economía y legalidad, en concordancia con los fines del Estado consagrados en el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia.
'Es precisamente esa debilidad de las autoridades en la recta aplicación de las normas y la protección de los bienes patrimoniales, lo que ha llevado al actual escenario de desatención de nuestros monumentos, de los compradores y también de los empresarios del sector de la construcción que se someten a los requisitos de la ley y actúan de buena fe ante las autoridades públicas', precisa a través del comunicado.
El Consejo Gremial enfatiza en que 'el riesgo en que se encuentra la ciudad, con la posible pérdida de tan importante título afectaría la primera fuente de la economía local, pues dicho reconocimiento ha impulsado a la ciudad, como destino turístico de talla mundial'.
Llamado al juez
El Consejo Gremial advierte entonces que se ha instado al Juez Décimo Administrativo de Cartagena para que, dentro del ámbito de su competencia y en cumplimiento oportuno de los términos procesales, resuelva prontamente la acción popular que se adelanta en su despacho por iniciativa del Ministerio de Cultura, contra la Curaduría Urbana No 1, el Distrito de Cartagena y la Promotora Calle 47 S.A.S., responsable del Proyecto Multifamiliar VIS Aquarela, proveído en el que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, una vez establecida la posible afectación del interés colectivo y de acuerdo a las realidades procesales, tome medidas aún por fuera de las solicitadas a efectos de lograr una efectiva tutela del derecho transgredido.
'Por lo que solicitamos que la misma no se restrinja a declarar la vulneración o no de los derechos colectivos cuyo amparo se pretende sino que se determinen los perjuicios que los accionados pudieran haber causado con los hechos u omisiones que se logren probar en el proceso, así como los terceros afectados, estableciendo así, el o los responsables en asumir el costo de la posible demolición de las obras, y la indemnización a constructores y a compradores del proyecto', sostiene el comunicado.
A su vez solicitamos al Ministerio de Cultura trabajar de la mano con las autoridades distritales, la comunidad, academia y gremios de la ciudad de forma tal que se termine de presentar y aprobar el plan de manejo especial de patrimonio PEMP, para de esta forma dejar normas claras y evitar situaciones similares en el futuro.
