Medida privativa de la libertad en centro carcelario pidió ayer la Fiscalía Seccional a los nueve concejales que están presuntamente implicados en el caso de la irregular elección de la contralora distrital Nubia Fontalvo Hernández. La Fiscal 53, Liliana Velásquez, hizo la solicitud ante el juez segundo penal municipal con función de control de garantías, Marvin Ayos, contando con todo el acerbo probatorio que le permitió imputar los cargos de prevaricato y cohecho.
El ente investigador, en el marco de la diligencia judicial, volvió a reconstruir el rompecabezas de este complejo proceso que tiene en vilo la gobernabilidad de la ciudad pues en la primera fase del mismo fueron privados de la libertad y permanecen en la cárcel de Sabanalarga, el exalcalde Manuel Vicente Duque Vásquez y el concejal Jorge Useche; mientras que en la cárcel de San Diego permanecen la concejal Angélica Hodeg y la contralora distrital Nubia Fontalvo Hernández. Al mismo fue vinculado José Julián Vásquez, primo hermano del exalcalde.
Las primeras piezas que han sido transversales y fundamentales en este proceso las han constituido las 400 horas de grabación y las más de 77 mil escuchas que han permitido ir develando la responsabilidad de cada uno de los implicados. Fue así como la Fiscal retomó entonces el origen de este proceso que comenzó con la puja por la curul del concejal Jorge Useche por el partido conservador.
Las interceptaciones a las llamadas de este cabildante serían la raíz del que ha sido considerado el mayor escándalo de corrupción en la ciudad en los últimos años. Una vez en la curul continuó el trabajo del ente investigador y se constituyó un entramado de corrupción que comenzó con la posesión de los 19 cabildantes que, según la Fiscalía, habían actuado de la mano con la administración distrital para lograr la elección de la contralora distrital.
En este trabajo, habría sido primordial, según el ente investigador, la complicidad de la que sería en su momento la secretaria General de la administración, Luz Estella Cáceres, a quien la Fiscalía se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento por considerar que el delito que se le imputa, cohecho por dar u ofrecer es excarcelable. La exfuncionaria no asistió ayer a la diligencia judicial toda vez que permanece en Ecuador acompañando a su hijo menor de tres años en un tratamiento.
