Los seis miembros de la familia Quiroz que están involucrados en 16 edificaciones construidas ilegalmente en Cartagena fueron cobijados ayer con medida de aseguramiento intramural por parte de un juez de control de garantías tras hallarlos responsables de la comisión de cinco delitos, entre los que se encuentran fraude procesal, urbanización ilegal y estafa en modalidad masa.
Eusebio Quiroz Ruiz, Luis Alfredo Rodríguez Cárdenas, Emis Quiroz Ruiz, Juan Carlos Quiroz Luna y Dagoberto Quiroz Ruiz, deberán continuar el desarrollo del proceso penal que corre en su contra desde la cárcel San Sebastián de Ternera; y Delis del Carmen Quiroz Ruiz desde la cárcel para mujeres de San Diego.
El togado aclaró que el delito de concierto para delinquir no fue bien demostrado por parte de la Fiscalía y por tal motivo decidió no imputarlo en este caso. Pues aunque quedó claro que seguían una misma línea para construir sus edificaciones, no se logró comprobar que estuvieran conectados como organización criminal y no por el simple vínculo familiar.
La audiencia se extendió por más de 10 horas en el complejo judicial y hubo un retraso en su inicio de más de dos horas debido a inconvenientes de logística por parte de la Fiscalía. La fiscal de caso, Liliana Guardo, comenzó su intervención haciendo fuertes señalamientos que revelarían cómo los cuestionados constructores 'orquestaron' la desacreditación de los estudios patológicos de la Universidad de Cartagena con el fin de evitar la evacuación de los edificios.
Fue así como se dieron a conocer audios como material probatorio por parte del ente investigados en el que un sujeto identificado solo como Alfredo habla con Eusebio Quiroz de la necesidad de que todos los hombres de la familia se reúna con el ingeniero Jorge Rocha, uno de los principales críticos de los estudios de la universidad- para que este refute los resultados.
'No vamos a colgar los guantes. No podemos. Vamos a reunirnos todos los hombres con ese Rocha (...) No me gusta que habla a través de la puerta', dice la intercepción del 31 de enero de este año.
La reunión entre Rocha y los hombres de la familia Quiroz se daría al día siguiente. Otra de las revelaciones que llamó la atención por parte de la Fiscalía en la diligencia de solicitud de medida de aseguramiento fue el aparente distanciamiento entre los miembros de la familia Quiroz, tras la fuga de Wilfran Quiroz del domicilio en el que cumplía su medida privativa de la libertad por el caso del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II.
'Si yo me quedo en la calle como un perro hago que él también quedé arrastra'o como una culebra (...) Mató un poco de gente, robo a todo el mundo y ahora quiere que la Alcaldía pague', dice Eusebio Quiroz refiriéndose a su hermano Wilfran, al tiempo que señala que si este no aparece en 15 días va revelar información importante sobre la forma en que operaba el mismo.
'Si Wilfran no aparece en 15 días, me voy para la Fiscalía a decir la ubicación de la finca que puso a nombre de Carlos (...) Yo hago que a ese viejo lo pongan preso y le quiten la finca que tiene en San Juan Nepomuceno', agrega Eusebio Quiroz en el mismo audio.
'Seguían operando como constructores'
Uno de los argumentos que utilizó la fiscal para pedir la medida de aseguramiento en centro penitenciario, fue que los hermanos Quiroz mantenían su interés de seguir en el negocio de la construcción, como quedó claro en un audio revelado con fecha del 2 de febrero.
En la comunicación, un hombre identificado como Fidel le dice a Juan Carlos Quiroz que ya metió otro proyecto para construir una edificación y que solo tuvo que recurrir a unos ‘amigos’ para que le aceptaran la solicitud.
El hombre también señala que esta vez deben tener cuidado con el uso de varillas y material de construcción, pues por todo el 'escándalo' ahora le van a poner más el ojo a ese tipo de especificaciones.
Wilfran Quiroz quería presentarse en la audiencia
Domingo Moreno, uno de los abogados defensores de los Quiroz, manifestó que Wilfran Quiroz estudió la posibilidad de entregarse ayer mismo en medio de la audiencia que se adelantaba en contra de los otros integrantes de su familia. El defensor, quien llevaría el caso de Wilfran, afirmó que la Fiscalía se negó a aceptar la solicitud y que ahora tienen que ponerse de acuerdo para lograr una entrega acordada.
