Enfrentados se encuentran la Administración distrital de Cartagena con los abogados de las 108 familias que compraron apartamento en uno de los 16 edificios en riesgo de colapsar construidos por los hermanos Quiroz.
Mientras la Administración distrital insiste en que han venido respaldando a las víctimas; los juristas manifiestan que ninguna de las víctimas ha recibido una llamada por parte de algún funcionario de la Alcaldía, teniendo en cuenta que hoy vence el plazo para anunciar las medidas.
Javier Doria, abogado de las víctimas, afirma que las evacuaciones han sido voluntarias y van por el orden del 80%. Señala además que en ninguna de las medidas de protección, que han sido de conocimiento público, las víctimas han sido tenidas en cuenta por parte de la Administración distrital.
El jurista destacó que tras la orden de contratar nuevos estudios, solo se conoció que se adelantaron conversaciones con la Universidad Nacional de Colombia.
Responde el distrito. Laura Mendoza, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Distrito, indicó que la Administración sí viene acatando las medidas ordenadas por el fallo para ayudar a estas personas.
La juez dentro de su providencia ordenó cinco acciones específicas para hacer expedito el proceso de evacuación de los inmuebles, las cuales, según explicó Laura Mendoza, varias le competen al Distrito y ya se tomaron decisiones al respecto.
Según la Administración distrital lo primero que se hizo fue contratar a la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena, para realizar un peritaje para la evaluación de los inmuebles y determinar los montos de los subsidios que se les tienen que dar a estas familias según el fallo judicial.
