Una contundente denuncia hizo el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, al señalar en el congreso de Acodal que el polémico complejo Multifamiliar Aquarela, se habría vendido como proyecto de interés social, sin ser así. El jefe de la cartera de vivienda explicó que al respecto se vienen adelantando las respectivas investigaciones.
Está claro, según el Ministro, que las medidas de los apartamentos y la ubicación de Aquarela no corresponderían a un proyecto de vivienda de interés social. Dijo además que posiblemente los constructores habrían mentido al presentarse como tal y obtener así la licencia de construcción.
'Aquarela se vendió como un proyecto de interés social y podría no serlo, eso está en investigación, y muy seguramente puede darse eso por los metros de construcción que dicen', apuntó el Ministro.
Para el funcionario, llama la atención que estos apartamentos de más de 80 y 90 metros, costarán 105 millones, mucho más por la ubicación.
'Cuando usted hace vivienda de interés social es porque usted no tiene vivienda, porque no tiene cómo comprar vivienda, porque tenía necesidad de hacer el cierre financiero a través de subsidios', indicó.
'Si eso no se da, mostraría que la licencia que se sacó es falsa, porque no cumplía lo que dijeron que se estaba haciendo', enfatizó Sánchez.
El titular de la cartera de Vivienda señaló que este hecho se investiga dentro del proceso por una acción popular interpuesta por organismos de control, que tiene suspendida la construcción desde el año pasado.
La polémica obra se levanta cerca del Castillo de San Felipe y, según los organismos de control, esto atentaría contra el título nobiliario que ostenta la ciudad como Patrimonio Histórico de La Humanidad otorgado por la Unesco.
'Eso va muy avanzado y muy próximamente se sabrán los resultados. Los estudios que están haciendo muestran que la presentación estaba mal', acotó Sánchez.
El Ministro también puntualizó que con esta 'trampa', como la llamó, los constructores estarían buscando subsidios, 'hacer el cierre financiero con la plata del Estado. Hay que esperar a que salgan los resultados de las investigaciones', concluyó.
Por otra parte, en las próximas semanas, se estarán llevando a cabo las audiencias en el marco de la acción de nulidad que fue interpuesta ante el Juzgado Décimo de Cartagena y que fue confirmada por el Tribunal de Bolívar al suspender las obras del proyecto urbanístico.
La providencia emitida dejó en firme la suspensión temporal de los efectos de las decisiones administrativas que permitieron el inicio de las obras, entre ellas las resoluciones de la Curaduría Urbana No. 1 de Cartagena que concedieron las licencias de construcción de las diferentes etapas del proyecto urbanístico a la Promotora Calle 47 SAS.
Para el tribunal Administrativo el Curador Urbano No. 1 de Cartagena no cumplió con su deber legal y constitucional de constatar la ubicación exacta del barrio sobre el que se construye el proyecto, así como el uso y tratamiento exacto que tiene el predio dentro del POT de la ciudad, ya que en algunos documentos consignó que es de conservación urbanística y luego sin motivación jurídica, razonable y técnica, cambió su concepto para indicar que su uso es de renovación urbana.
