Pese a que la Unesco sugirió la demolición de lo que va del polémico edificio Aquarela y la Procuraduría se mostró de acuerdo, ahora se queda a la espera de quién dará la orden.
El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, señala que Aquarela es el 'monumento de las irregularidades y que no descansará hasta verlo en el piso'. Más allá del querer de muchos de que se demuela lo que va del edificio en construcción hay unas indemnizaciones que tendrían que ser canceladas teniendo en cuenta que son cerca de 900 familias que tienen invertido su patrimonio en cada uno de estos apartamentos.
A juicio de los expertos el costo de la demolición hoy sería incalculable pues incluiría el análisis de los métodos adecuados de demolición; la implementación de mecanismos de protección del entorno; la ejecución de un plan de demolición que implica recursos técnicos, humanos y regulatorios.
Ante tal panorama el procurador cuestiona la forma como se construyó un edificio de 32 pisos limitando la integridad del Castillo San Felipe que es, además, Patrimonio Mundial. 'Recibimos con beneplácito la decisión que toma hoy la Unesco expresada en un concepto que le entrega a la Alcaldía de Cartagena'.
Para el jefe del Ministerio Público el concepto de la Unesco valida una de las más importantes batallas que ha desarrollado su administración en la búsqueda de la defensa de la recuperación de la ética pública y el cumplimiento de la ley.
El jefe del órgano de control enfatizó que sus funcionarios no descansarán hasta que 'desaparezca del horizonte de Cartagena ese ‘monumento’ a las irregularidades y, por qué no decirlo, estamos en esa investigación, a la corrupción de unos curadores urbanos que permitieron que el Castillo de San Felipe se ensombreciera por una obra que nadie sabe cómo se construyó'.
'Con respecto al proyecto inmobiliario Aquarela la misión recomienda al Estado continuar con los esfuerzos realizados y hacer uso de todos los instrumentos legales para detener indefinidamente la construcción del proyecto y demoler lo que se ha construido, tomando en cuenta la amenaza que este representa para la conservación de los atributos que sustentan el Valor Universal excepcional de Cartagena como bien Patrimonio Mundial', dice una parte de la carta firmada por Mechtild Rossler, directora del Centro de Patrimonio Mundial, en la que resume las conclusiones del informe.
A este concepto llegó la misión luego de un recorrido realizado a finales del año pasado por los principales sitios históricos de la ‘Ciudad Heroica’, como el Castillo de San Felipe, la Torre del Reloj, la Plaza de la Aduana, el Palacio de La Inquisición, la iglesia y el claustro de Santo Domingo, la casa del Marqués de Valdehoyos, el teatro Adolfo Mejía; el horno Coquito, en la isla de Barú, y el fuerte de San Fernando, en Bocachica.
Habla el personero
El personero de Cartagena, Williams Matson Ospino, afirmó, por su parte, que la administración distrital no ha hecho uso de herramientas legales, que bien podrían facilitar la demolición del polémico proyecto Aquarela.
Para el representante del Ministerio Público Distrital la Alcaldía tiene la facultad de abrir un proceso administrativo amparándose en el nuevo Código Nacional de Policía y remitirlo al Ministerio de Cultura para que en esta última instancia proceda a ordenar el derribamiento de la torre de apartamentos levantada a escasos metros del Castillo San Felipe.
Los constructores
Al respecto los promotores de Aquarela a través de un comunicado insisten que el proyecto dio estricto cumplimiento a las normas urbanísticas y demás requisitos de ley exigidos por los entes de control, lo cual quedó demostrado y sustentado durante las audiencias celebradas ante el Juez Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena.
El proceso de Aquarela se dirime en una instancia penal y administrativa. En la primera de ellas fueron capturados el pasado 5 de junio el curador urbano Ronald Llamas, el arquitecto Claudio Restrepo y el representante legal del mismo Lucas Tamayo. El juez de control de garantías desestimó los señalamientos de la Fiscalía y fueron dejados en libertad. El proceso penal continúa y las tres personas tendrán que acudir en cuanto la justicia los requiera.
Entre tanto, en el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena se adelanta el proceso administrativo y el togado, en su momento, dictó una medida cautelar que ordenaba la suspensión provisional de los actos administrativos que amparaban la construcción del mismo. La obra ya cumple seis meses suspendida.
Los compradores
Los compradores han manifestado que la Unesco está en libertad de emitir cualquier concepto, sin embargo, consideran que la justicia debe ser autónoma y considerar todos los atenuantes que ha tenido este proceso. 'Los compradores actuamos de buena fe, y hasta el momento nadie parece interesarse por el patrimonio que invertimos con el único objetivo de consolidar un proyecto de vivienda. Es evidente que Mincultura y el mismo Distrito se están 'tirando la pelota', y nadie quiere asumir las responsabilidades que esto trae consigo', expresó una de las compradoras, quien pidió la reserva.
