Un rifirrafe se generó entre la Procuraduría y la administración Distrital de Cartagena por el viaje que tenía previsto realizar a la sede de la Unesco en la Ciudad Luz. El viaje estaba previsto que se realizara del 9 al 14 de julio cuando una comisión compuesta por tres funcionarios llevaran toda la información sobre el caso del polémico edificio Aquarela Multifamiliar que se construye en inmediaciones del Castillo de San Felipe.
El propósito era buscar una respuesta por parte del organismo multilateral en procura de estudiar con expertos la que podría ser la mejor respuesta sin que se afecte el patrimonio.
Frente a estos planteamientos, el jefe del ministerio público, Fernando Carrillo, se mostró en desacuerdo con una misiva de tres páginas en la que le sugiere abstenerse de desplazarse a París y más bien encontrar mecanismos tecnológicos.
Señala la Procuraduría, que el distrito de Cartagena puede coordinar reuniones a través de videoconferencias u otras herramientas que permitan la comunicación con esa organización, para expresar las observaciones necesarias.
El Ministerio Público considera que en relación con la recomendación de la Unesco de suspender y demoler Aquarela, lo que exigen los cartageneros y los colombianos son acciones concretas del distrito para la defensa del patrimonio histórico.
Resalta el organismo de control disciplinario que el desplazamiento de una comisión hasta París generaría un gasto con cargo al patrimonio público de los cartageneros, el cual considera como innecesario, teniendo en cuenta que no se tiene garantías de eficacia en la misión que motiva este viaje
En promedio serían $25 millones por persona incluyendo los pasajes y la estadía durante los cinco días en la capital francesa, una de las más costosas de Europa.
Finalmente le dice la Procuraduría a la alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, que el ente funge como coadyuvante en la acción popular y la actuación penal que se sigue por el caso Aquarela en la Fiscalía General de la Nación. Es de recordar que el organismo multilateral sugirió recientemente la demolición de lo que va construido de la edificación con lo que se mostraron de acuerdo el procurador y el Ministerio de Cultura.
Sin embargo, la administración distrital se encuentra a la espera de una decisión y un fallo con relación al polémico edificio que se construye en inmediaciones del Castillo de San Felipe y que terminaría afectando la declaratoria de la ciudad como Patrimonio Histórico de la Humanidad.
