A nueve días de que se venza el decreto que determinó la calamidad pública por los edificios en riesgo de desplome en Cartagena, los cuales fueron construidos por los Quiroz, la administración distrital prorrogará la medida en procura de gestionar el apoyo y cumplimiento de las medidas para las familias afectadas.
La figura cumple ya seis meses de haber sido decretada por parte de la administración desde el mismo momento en que la Fiscalía hiciera la denuncia sobre la necesidad de que estas familias evacuaran las edificaciones por riesgo de que se vinieran abajo y sus vidas pudieran verse afectadas.
Tras una extenuante jornada de audiencias y diligencias judiciales en el complejo judicial, coordinadas por la juez tercera penal con funciones de control de garantías, Yuri Ponce, se determinó entonces una serie de protección para que se adoptaran así planes de prevención y mitigación de riesgos que, obviamente, incluyeron entonces las medidas de evacuación de los edificios.
Javier Doria, abogado de un alto porcentaje de las víctimas, aseguró que hasta el día de hoy todo sigue igual para las familias que decidieron abandonar los apartamentos y que ante la situación que afrontan están pensando en retornar.
El jurista asegura que ninguna de las medidas de protección han sido tenidas en cuenta por parte de la administración distrital y esto pone a pensar a los propietarios sobre la necesidad o no de prorrogar una medida como la calamidad.
Doria aclaró que de los 16 edificios en total, solo un 60 % de las familias ha recibido un subsidio por el término de tres meses que en total llega a estar, según el abogado, por el orden de los $3.600.000, cuando la juez ordenó que fuera en total seis meses.
El abogado explicó que el porcentaje restante de las familias no se ha cancelado teniendo en cuenta que no han logrado cumplir con la documentación requerida y otras decidieron quedarse a habitar los apartamentos en riesgo.
Doria insistió que estas personas permanecen en un 'sin salida' pues hasta el momento no se han dado a conocer los resultados de los segundos estudios que ordenó la juez y que se estableció los realizaría la Universidad Nacional. 'Este es un tema judicial de largo plazo y el distrito debe cumplir con los compromisos que determinó la juez', precisó el jurista.
