Por delitos de administración desleal, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, la Fiscalía General de la Nación imputó a tres exdirectivos de la empresa de servicios públicos Surtigas S.A.: Magín Ortiga Pareja, exgerente general de Surtigas Cartagena; Ciro Said Lázaro Finamore, exgerente administrativo y financiero, y Luis Carlos Tangarife Kalil, exdirector de ingeniería y construcción.
Los imputados no se allanaron a los cargos imputados durante la audiencia realizada en el complejo judicial Benkos Biojo, de la ciudad de Cartagena. El caso pasará a segunda instancia y será el juez quien decida si van a la cárcel o no.
Los exfuncionarios son investigados por presuntas irregularidades que afectarían la estabilidad económica de esta empresa que distribuye gas natural y otros productos asociados en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Magdalena.
Los funcionarios implicados en el caso, quienes no se encuentran detenidos, se presentaron en la mañana de ayer en compañía de sus abogados a la audiencia pública de imputación de cargos, ante el juez 12 penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad.
En la investigación contra los tres funcionarios la Fiscalía asegura que los exdirectivos estarían involucrados en la firma de siete contratos ejecutados entre 2013 y 2016, que tenían como objeto la prestación del servicio de gas natural en la Costa Atlántica y la dotación de infraestructura para el correcto suministro; sin embargo, se detectaron varias inconsistencias que configurarían una presunta contratación irregular, con la que los entonces directivos aumentaron de forma ilícita su patrimonio personal.
Para la Fiscalía General es claro que, aunque no se trate de una entidad pública, Surtigas, como empresa privada, debía cumplir con normas de contratación pactadas por las directivas de la misma.
Según las investigaciones de la Fiscalía, entre 2014 y 2016 Ortiga Pareja supuestamente contrató diferentes tipos de servicios por 22.000 millones de pesos con empresas en las que al parecer tiene intereses, como es el caso de Porseguir y Proexcom, en donde tiene negocios con el representante legal de ambas, y en Creec, de la que es socio.
La Fiscalía indicó también que según las indagaciones e investigaciones realizadas se pudo constatar que el patrimonio personal del exgerente aumentó en unos $4.000 millones durante el período que estuvo en su cargo.
Asimismo, la Fiscalía asegura que estas empresas con las que contrató hicieron transferencias bancarias a sus cuentas o a las de familiares suyos en el extranjero.
Pro las irregularidades no son solo en la contratación, sino también en los consecutivos de la facturación, duplicidad, celebración de contratos con el mismo término de vigencia, compra de pólizas por debajo del costo de los contratos, montos mayores al valor del que pueden contratar por año con la empresa y no revelar la existencia de algunos contratos y sus montos, ante la junta directiva de Surtigas.
