La Fiscalía General de la Nación capturó en la madrugada de este martes en diligencias de registro y allanamiento al exsecretario de educación de Cartagena de Indias, Germán Arturo Sierra Anaya; a la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz Bravo; a la representante legal del consorcio Proescolar 2016, Sandra Milena Mercado Santoya y a David Reynaldo Camacho Benítez. La supervisora de la Alcaldía, Mayiris Gómez Ballestas, fue detenida al ingreso a la secretaría de educación distrital, donde labora. Los sindicados por la Fiscalía son señalados como presuntas responsables de incurrir en irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la capital de Bolívar.
En este momento las autoridades buscan también a Manuel Vicente Duque Vásquez, quien era alcalde de Cartagena para la época de los hechos. Según informó el CTI de la Fiscalía, varios investigadores llegaron hasta su residencia del exmandatario, ubicada en el barrio Blaz de Leso, para hacer efectiva su captura, pero no lo encontraron.
Duque será procesado por prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica en documento privado; delitos que habría cometido en calidad de coautor a título de dolo.
Capturas y delitos
A Germán Arturo Sierra Anaya lo capturaron en la carrera 22 con calle 29 en el barrio Manga. Se le imputarán los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y delitos en calidad de autor y a título de dolo.
David Reinaldo Camacho Benítez fue capturado en el edificio Altavista del barrio Gastillo Grande y tendrá que responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y coautor a título de dolo de falsedad ideológica en documento privado.
Gladis Amanda Muñoz Bravo, fue capturada en el condominio El Vergel de Pasto (Nariño). Y se le imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público en calidad de coautora interviniente a título de dolo para todos los delitos.
A Sandra Milena Mercado Santoya la detuvieron en el barrio Los Robles de Turbaco (Bolívar). Deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en calidad de coautora e interviniente a título de dolo en todos los delitos y coautora en falsedad ideológica en documento privado.
A Mayiris Gómez se le imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de terceros.
Detalles del caso
Según las indagaciones del ente acusador, para el año 2016 la Administración Distrital de Cartagena celebró dos contratos para el cubrimiento de la Alimentación Escolar (PAE) en las Instituciones oficiales de la ciudad. El primer contrato fue suscrito el 13 de abril de 2016 y se firmó con la fundación Redcom de la ciudad de Pasto (Nariño) mediante la modalidad de urgencia manifiesta y alcanzó un valor por $8.427.924.090.
El segundo transacción, se celebró el 5 de agosto de 2016 mediante la modalidad de licitación pública con el Consorcio Pro-escolares 2016, por la suma de $15.831.468.135, más una adición de $7.886.489.492 (29 de diciembre de 2016), para un valor total de $23.717.957.627.
En el primer contrato, al parecer, la Alcaldía Distrital de manera irregular incurrió en una serie de omisiones que de manera directa lesionaron principios esenciales como la transparencia y selección objetiva de las empresas a contratar.
Según la Fiscalía Las investigaciones indican que las empresas respectivas se contrataron de manera privada bajo la modalidad de urgencia manifiesta, argumentando que el Ministerio de Educación no había entregado los recursos a tiempo. De esta manera, el contrato se suscribió con Redcom.
Posteriormente, entregaron una adición presupuestal para la PAE del 2017, suscribiendo un otrosí al contrato, esto a sabiendas de que debió iniciar otro proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública, y así escoger el operador del PAE del año siguiente.
Irregularidades y sobrefacturación
La información recolectada por los investigadores de la Fiscalía indica que durante la ejecución del contrato se adquirieron, supuestamente, un mayor número de productos a los que realmente se
entregaron. En este caso se precisa que se compraron 2.736.225 unidades de pan, pero realmente se dieron 1.024.956. Esto creó un detrimento contractual de $667.869.989.
Así mismo, se precisa que se compraron insumos que no fueron nunca entregados. Este caso es ilustrado por las compras de canela, cuyo valor alcanzó los $39.845.000.
Se advirtió además en las indagaciones, que algunos productos se referenciaron dos veces en la misma factura, por lo que los costos en este caso ascendieron a $61.769.840. Al respecto, se pudo precisar que el detrimento total por este último caso asciende a $766.609.829 para un contrato de urgencia manifiesta.
En el segundo contrato, en el que se suscribió un otrosí, la Administración Distrital adicionó 7.886 millones de pesos que representan el 49,62% del valor inicial, al parecer, con el pretexto de asegurar la continuidad del Programa para el calendario escolar 2017.
Presuntamente, se hicieron compras en diciembre de 2016 por $3.873.368.000, a pesar de que los estudiantes, para esa época, estaban en vacaciones.
Otro de los hallazgos señala que se realizaron compras de carne durante octubre, con precios superiores al valor del mercado. Esto habría creado sobreprecios por $537.386.328, y se compró el kilo de pechuga de pollo a $40.000, entre otros casos más; causando un detrimento económico por $4.410.754.328 en la ejecución de este contrato.
