EL HERALDO conoció que la Alcaldía de Cartagena suspendió como medida preventiva los pagos de asistencia técnica, o costo de gerenciamiento o coeficiente industrial, de Aguas de Cartagena a Aguas de Barcelona para aclarar la figura mediante la cual se están haciendo estos desembolsos que, por ejemplo, solo en 2017 fueron de $8.434 millones.
Lo que ha llamado la atención de senadores y veedurías de la capital bolivarense es que este mecanismo de pagos es muy similar al cuestionado contrato de asistencia técnica entre la Triple A de Barranquilla e Inassa, objeto de pesquisas penales y disciplinarias.
En Barranquilla, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, se pagaron $237 mil millones desde 2000 hasta 2017 por actividades de supuesta asesoría que al parecer nunca se cumplieron y de las cuales no hay soportes debidos. En ese contrato, suscrito el 4 de septiembre de 2000 entre Inassa y la empresa Triple A, se pactó que la atlanticense le pagaría a la española lo correspondiente al 4,5% del recaudo mensual.
En Cartagena, en 1995 se estipularon entre el Distrito y Acuacar las condiciones para el proceso de escogencia del socio operador para la gestión del servicio público, proceso en el cual fue elegida Aguas de Barcelona, hoy Suez, que incluyó el cobro de un coeficiente industrial anual con un incremento progresivo, variando entre el 2,85% en el año uno y el 4,85% en el año cinco, y desde ahí el porcentaje se mantenía constante hasta la finalización del contrato.
En 2004 se firmó el Otrosí #1, que determinó el cálculo de esa asistencia técnica sobre los ingresos brutos, es decir con la posible inclusión de las contribuciones de los estratos 5 y 6, comerciales e industriales para subsidiar los estratos 1, 2 y 3 y los aportes de la Nación y el Distrito para el déficit que quedaba en los subsidios.
Luego, en 2009 se suscribió el Otrosí #2, donde se estableció una modificación al coeficiente industrial que era en ese año del 4,85%, disminuyéndolo al 3,44% fijo durante lo que restaba del contrato.
Y, finalmente, en 2015 se pactó el Otrosí #3, en el que se prorrogó por 13 años más el plazo de ejecución del contrato, que inicialmente contemplaba una duración de 26 años.
