La Contraloría declaró al exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín fiscalmente responsable por un detrimento de $26.274 millones dentro del denominado Cartel de la Hemofilia de ese departamento.
Tras más de ocho horas de lectura de fallo este lunes en Cartagena, el contralor delegado intersectorial 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, José Miguel Char, indicó que 'la conducta del exgobernador Gossaín fue determinante frente al daño patrimonial causado al Estado'.
Agregó el funcionario que el exmandatario fue quien adoptó la decisión de pagos sin percatarse que los fallos de tutela no le imponían al departamento de Bolívar una obligación en ese sentido, 'lo que se constituye en un elemento de causalidad entre la conducta del entonces Gobernador y el detrimento causado'.
Por eso deberá responder fiscalmente, a título de culpa grave, por $1.205 millones.
A este proceso están vinculados como responsables fiscales además tres funcionarios que acompañaron a Gossaín en su administración: Ana María del Carmen Álvarez Castillo, en su calidad de secretaria de Salud Departamental; Bertha María Pérez López, quien ejerció este mismo cargo como encargada; y Nacha Newbal Jiménez, como directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud de esa misma dependencia.
Así mismo, están vinculados al expediente la Fundación Ciénaga de la Virgen, representada legalmente por Emperatriz Agamez Meléndez, en calidad de contratista; la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud, Asistegral, representada legalmente por Gloria Patricia Giraldo Jaramillo; Candelaria Valdelamar Martínez, representante legal del Hospital La Divina Misericordia de Magangué, Bolívar; la Fundación Renal de Colombia, representada legalmente por Gabriel Enrique García Sotelo y Luis Eduardo Ortiz Herrera, en calidad de auditor médico, líder del Programa de Prestación de Servicios de Salud.
El ente de control fiscal imputó responsabilidad a todos los señalados por los pagos que, atendiendo fallos de tutela, realizó la Secretaría de Salud Departamental por la supuesta atención integral de pacientes hemofílicos.
Estos desembolsos 'debieron estar a cargo de las EPS a las que estaban afiliados dado que los servicios médicos para el tratamiento de la enfermedad se encontraban cobijados en el Plan Obligatorio de Salud, POS', indicó la Contraloría en el comunicado.
