Un pacto por la transparencia y la integridad firmaron ayer los mandatarios departamentales del país, durante la primera Cumbre de Gobernadores 2020-2023.
El evento, que se realizó en la Escuela de Bellas Artes en horas de la noche de este jueves, contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien junto a la secretaria presidencial de la Transparencia, Beatriz Londoño, diseñó la construcción de este pacto que busca hacer frente a la corrupción en el país..
La vicepresidenta resaltó la labor de los entes de control para el desarrollo de este pacto e hizo un llamado a no pensar en individualismos.
'Este pacto que hemos preparado con un trabajo mancomunado con los funcionarios de organismos de control, ya que no hay tiempo para individualidades ni para vanidades', manifestó.
Enfatizó que todos los funcionarios tienen un solo compromiso, que es con los colombianos.
También hizo un llamado para que cada uno dentro de sus funciones pueda aportar para un trabajo organizado de todo el Estado.
Para la firma, varios niños estuvieron presentes y realizaron una presentación en representación del compromiso que tienen los nuevos gobernadores con las futuras generaciones.
'La firma de este pacto será una gran noticia, pero sobretodo una enorme responsabilidad de cada uno de los firmantes. Con los niños como testigos, unidos sacaremos a Colombia hacia adelante. Estamos demostrando que somos capaces de tener un Estado más cerca de las regiones', manifestó Carlos Camargo, de la Federación Nacional de Departamentos.
El gobernador de Bolívar, Vicente Blel, invitó a los demás mandatarios departamentales a unir fuerzas con el Gobierno Nacional con el objetivo final de generar confianza en la ciudadanía. .
'La transparencia es un deber que no debemos dejar de cumplir y con el que nos comprometimos cada uno de nosotros desde el primer día. Como gobernadores y representantes de cada departamento debemos trabajar para alcanzar altos índices de eficiencia y ser gobiernos abiertos y transparentes que rindan cuentas a la ciudadanía', ratificó Blel.
Por su parte, el procurador General, Fernando Carrillo, invitó a lo nuevos gobernadores a demostrar que la descentralización sí es posible con probidad y transparencia. Así mismo, como propuestas a los nuevos mandatarios, el procurador les sugirió que definieran un rumbo de gobierno, para acortar distancias con la ciudadanía.
De otro lado, expuso como necesidad, ante la oleada de líderes sociales asesinados y el aumento de feminicidios, la creación de políticas públicas departamentales que garanticen la protección de los más desprotegidos.
Por último, el contralor General, Carlos Felipe Córdoba, lanzó un advertencia a los nuevos mandatarios: 'Mucho cuidado. Hoy, con la tecnología del siglo XXI, podemos hacer cosas que antes no eran posibles de ver de manera contractual. Esa tecnología es la que nos ha permitido detectar más de 1.100 elefantes blancos en el país'.
Proyecto para ampliar labor de Fiscalía en los territorios
El fiscal General, Francisco Barbosa, anunció ayer en Cartagena que tramitará ante el Congreso de la República un proyecto de ley para ampliar el papel de la Fiscalía en los diferentes departamentos que requieren el trabajo del ente investigador.
'No podemos seguir pensando en la justicia desde un punto de vista central. Hemos hecho un trabajo importante diciéndoles que la labor del fiscal y que desempeñen los demás entes deben ser una labor dentro de los territorios para avanzar en una estrategia de combate contra la criminalidad', dijo en la Cumbre de Gobernadores 2020-2023.
Añadió que la lucha contra la corrupción será una prioridad dentro de este cuatrienio. Precisó que en 2019, la Fiscalía investigó por delitos de corrupción a 18 gobernadores en 23 procesos y a 203 alcaldes en 231 procesos investigativos.
'Ustedes deben dar ejemplo de manejo de recursos públicos, porque además el país puso los ojos en ustedes en las elecciones', le dijo el fiscal a los gobernadores del país.
Barbosa agregó que también la Fiscalía apoyará incitivativas en el Congreso que permitan modificar la ley 906 de 2004, que fue la que cambió el régimen inquisitivo al acusatorio. Tenemos mucha preocupación en temas de interés nacional por casos que se han visto afectados por la prescripción de la acción penal', manifestó.
En este sentido, el fiscal General, anunció que en los casos en los que se afecte el patrimonio público, los feminicidios y casos que afecten a los niños y adolescentes, trabajarán en un proyecto de ley que no permita que las audiencias públicas en etapas de investigación y juicio puedan ser aplazada.
'Buscaremos un mecanismo para que no se venzan los términos y vamos a cambiar las dinámicas de justicia de Colombia', aseveró.
