En El Carmen de Bolívar no había tensión. La gente vivía un día normal, pero empezó a cuestionarse sobre qué estaba pasando cuando vieron que al pueblo empezaron a llegar camionetas blindadas y carros de la fuerza pública.
En la plaza, la Policía puso una carpa y una mesa llena de armas y municiones que habían incautado, lo que llamó la atención de los habitantes que tímidos empezaron a acercarse para ver qué ocurría mientras que por las vías aledañas las caravanas de vehículos lujosos iban hacia un mismo lugar: el auditorio de una EPS.
A las diez de la mañana de ese martes era la cita de los gobernadores Vicente Antonio Blel Scaff y Héctor Olimpo Espinosa Oliver, de Bolívar y Sucre respectivamente, con los alcaldes de los municipios que conforman la subregión y con los representantes de los organismos de seguridad.
La intención fue analizar la problemática que llevó al desplazamiento de por lo menos 37 familias de la vereda Caño Negro y de otras más de la vereda La Cabaña. También precisar la ruta a seguir para erradicar la violencia en la zona.
