La Contraloría General de la República niega que ha dilatado de manera injustificada sus actuaciones en el proceso de responsabilidad fiscal que lleva a cabo por irregularidades en la ejecución del contrato de concesión de peajes en Cartagena.
En un comunicado respondió así a las veedurías que han afirmado esto y les recordó que por la emergencia sanitaria debido a la COVID-19, desde el 16 de marzo y hasta el 15 de julio, se suspendieron los términos procesales.
'La suspensión de términos implicó la interrupción de los términos de caducidad y prescripción de los diferentes procesos que adelanta la entidad, incluyendo este', afirma el ente de control.
Ante las peticiones y denuncias que han enviado las veedurías al contralor que tiene a su cargo este proceso, el organismo recuerda que el trámite tiene sus tiempos y oportunidades procesales, como la práctica de pruebas.
Explica que en febrero de este año un equipo de la Contraloría realizó una visita al Departamento Administrativo de Valorización Distrital y la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar -EDURBE que está en la alcaldía mayor de Cartagena, para recaudar pruebas.
Dicha visita, según el ente, se realizó entre el 24 y 28 de febrero del año en curso y el 16 de marzo, o sea 17 días después, se suspendieron términos.
Como resultado de esa diligencia, la Contraloría afirma que recaudó un amplio acervo probatorio que se debe valorar y que es producto de la toma de declaraciones juramentadas, visitas a las obras e instalaciones de la concesión, así como la información documental.
'El despacho encargado del proceso deberá valorar en conjunto con las demás pruebas cuya práctica y recaudo quedó pendiente antes de la suspensión de términos procesales, sin que existen otros motivos diferentes, como sugirieron los voceros de las veedurías en algunas de las comunicaciones que han dirigido a la Contraloría', añade.
También recuerda que el proceso tiene reserva y como la veeduría no es sujeto procesal, no tiene acceso.
'Desde el mismo momento en que el Contralor Carlos Felipe Córdoba declaró esta investigación de impacto nacional, se le ha solicitado a los veedores paciencia y comprensión dado que la misma está bajo reserva hasta que se produzca el fallo definitivo', anota la Contraloría.
Al ocurrir esto, el proceso se trasladó a Bogotá y pasó a conocimiento de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
La Contraloría señaló también que no puede de ninguna manera sustituir a la Administración Distrital ni al Departamento Administrativo de Valorización Distrital, que son las entidades contratantes y supervisora del contrato de concesión, respectivamente.
Esto respecto a consideraciones que han hecho los veedores sobre el cobro de la tarifa de peajes durante el periodo actual, y otras posibles irregularidades en actuaciones reciente del concesionario y autoridades de la ciudad de Cartagena.
Explica que no se puede confundir el alcance de las funciones fiscalizadoras de la Contraloría, que tiene por objeto el resarcimiento de los daños causados al patrimonio del Estado, en cuanto al proceso de responsabilidad fiscal hace, con el ejercicio de las funciones administrativas propias de las autoridades competentes, las cuales, debe adelantar todas las actuaciones que la Constitución y la Ley prevén para la eficiente gestión ejecutiva.
La información de la Contraloría indica además, que las nuevas denuncias que se han hecho sobre la Concesión Vial de Cartagena, no están dentro de la investigación de responsabilidad fiscal que está en curso, por lo que se dio traslado de los mismos a la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura y a la Contraloría Distrital de Cartagena, en este segundo caso para lo de su competencia, por tratarse de recursos propios y contratos que no son objeto del control fiscal excepcional que ordenó en su momento el Contralor General de la República.
