El proceso de demolición del edificio Aquarela en el Centro Histórico cuesta entre 2.000 y 3.000 millones de pesos, declaró este miércoles el alcalde de Cartagena, William Dau.
'Ese edificio que ustedes ven allá, que está en obras, ese lo voy a tumbar yo', dijo, señalando a lo lejos la polémica estructura que amenaza la declaratoria de Patrimonio Histórico de la Humanidad de la ciudad por parte de la Unesco.
El mandatario dijo que envió una carta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, solicitando una hoja de ruta que permita establecer las fases a seguir para la restitución del espacio público, 'teniendo siempre como premisa minimizar el riesgo para los vecinos y la infraestructura histórica en los alrededores, como el Castillo de San Felipe'.
A través de un video declaró además que el costo de la demolición puee costar entre $2.000 y $3.000 millones, que serán aportados, en su mayoría, por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ministerio de Cultura, y la Administración Distrital.
Dau habló el lunes con la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, la subdirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la dirección de la Agencia Nacional de la Defensa Judicial, para avanzar en la organización del proceso de demolición de esta edificación.
La Alcaldía hizo este anuncio luego de conocer el concepto jurídico sobre el caso Aquarela de manos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que recomienda destruir la edificación en su totalidad, teniendo en cuenta que existe una orden de demolición vigente que se encuentra contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, proferida por la Secretaría del Interior y Convivencia, que ordenaron la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la construcción.
La acción que procede entonces es la demolición de la edificación, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La jefa de la Oficina Jurídica, Myrna Martínez, declaró que técnicamente las propuestas de la Promotora Calle 47, constructora del proyecto Aquarela, 'no aportaron condiciones de seguridad que garanticen que no habrá afectaciones en la edificación y viviendas aledañas, igualmente, jurídicamente, la demolición parcial es inviable'.
