En cuestión de semanas se podría estar dando la demolición del polémico edificio Aquarela, pues la Alcaldía de Cartagena le hundió el acelerador a la recomendación que en tal sentido hizo a través de un concepto jurídico la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).
La entidad del orden nacional concluyó que la edificación debe ser destruida por completo, como quiera que existe una orden de demolición vigente contenida en las resoluciones 001, proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena, y 7589 de 2018, emanada de la Secretaría del Interior y Convivencia, que ordenaron la restitución del espacio público ocupado indebidamente por dicha construcción.
Ante estas circunstancias la administración distrital comenzó a gestionar ante el Ministerio de Cultura y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo recursos para el derrumbe de la obra, construida a escasos metros del Castillo San Felipe de Barajas.
'Estamos buscando el acompañamiento de todas las entidades comprometidas en este caso para dar la mejor solución y no poner en riesgo la situación jurídica del Distrito, la Nación, ni de ninguna de las entidades llamadas a atender esta situación', declaró la jefa de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Cartagena, Myrna Martínez.
La construcción de este proyecto de seis torres cada una de 30 pisos, a cargo de la Promotora Calle 47, pone en riesgo la declaratoria de Patrimonio Histórico de la Humanidad de la ciudad.
El 11 de agosto pasado la Procuraduría General de la Nación dio traslado para el inicio de posibles sanciones disciplinarias en contra de Dau y de otros funcionarios de su gabinete por no acatar la orden de demoler el edificio ni recuperar el espacio público que ocupa la obra.
La medida de echar abajo la controvertida edificación se ampara también en el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
Al respecto también se pronunció la Promotora Calle 47, constructora del proyecto.
'Derribar el Aquarela sin que haya de por medio una orden judicial, implica asumir la responsabilidad patrimonial de resarcir los daños contra los afectados, que además de los constructores incluye a más de 900 familias cartageneras que invirtieron sus ahorros en este proyecto habitacional debidamente licenciado'. La empresa consideró igualmente como 'tendenciosos' los argumentos de la entidad estatal para decidir la demolición.
'La opinión emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que legalmente no es vinculante, se fundamenta en argumentos tendenciosos y arriba a conclusiones equivocadas que comprometen seriamente la responsabilidad patrimonial del Distrito y la Nación, y toma como sustento el Estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, cuyo contenido ha sido seriamente cuestionado por varios profesionales y agremiaciones dadas
las fallas metodológicas y técnicas en las que incurre', se lee también en el comunicado.
