La administración distrital de Cartagena informó que desde la Oficina Jurídica se ejercerá la defensa del Distrito, ante las posibles acciones judiciales que sobrevenga, una vez se ejecute la restitución del espacio público ocupado indebidamente por el proyecto habitacional Aquarela.
Así lo dio a conocer el alcalde William Dau Chamat, al informar que algunas personas buscan tramitar acciones judiciales en contra del Distrito.
Myrna Martínez Mayorga, Jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena, indicó que desde esa dependencia se atenderá cualquier tipo de reclamación y se defenderán los intereses de la Administración con la plena convicción que dicha decisión cuenta con todo el respaldo legal requerido.
'Para esto nos hemos acompañado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para el Estado (ANDJE), como de la misma Procuraduría, que en conversaciones que hemos sostenido en mesas de trabajo complementan el blindaje jurídico, que respecto de la administración pueda implicar una posible responsabilidad en acciones futuras que se presenten por parte de quienes consideren resultan afectados', aseguró la funcionaria.
Explicó que la restitución de los 619 metros cuadrados de espacio público ocupados de forma indebida por la edificación no es una decisión caprichosa de la administración distrital, sino que se trata de una orden contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, proferida por la secretaría del Interior y Convivencia, que está pendiente de ejecutarse.
'De acuerdo a esto la acción que procede es la demolición de la edificación por parte de la administración, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ante el incumplimiento de la constructora de ejecutar la orden proferida por parte de la Inspección de Policía', afirmó.
Atendiendo esto, la administración distrital indicó que seguirá trabajando en conjunto con las autoridades correspondientes, como lo son el Ministerio de Cultura, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Procuraduría General de la Nación, entre otras, para cumplir lo ordenado, teniendo siempre como prioridad minimizar el riesgo para los vecinos, la infraestructura histórica y conservar el título como Patrimonio de la Humanidad.
Por lo pronto, el alcalde William Da ya solicitó a la UNGRD la hoja de ruta para seguir adelante con la demolición de la torre uno de la edificación, lo cual permitirá establecer las acciones a seguir para la restitución del espacio público.
