El convenio interadministrativo que permitirá la restitución del espacio público ocupado indebidamente por el edificio Aquarela, que será suscrito entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena, está en la etapa de formalización por parte del Ministerio de Cultura para proceder con la firma.
'Lo que tiene que ver con el Distrito de Cartagena está solucionado, está listo lo que tenemos que hacer en esta etapa del proceso. Con la UNGRD, el Ministerio de Cultura se han discutido, se han negociado todos los posibles cambios, y ya todo está acordado. Estamos esperando que el Ministerio de Cultura dé su visto bueno para firmar el documento tripartito', declaró este lunes el alcalde William Dau.
En octubre pasado, el mandatario pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la hoja de ruta para restituir los 619 metros cuadrados de espacio público ocupados por la edificación, y en diciembre del año pasado, la administración recibió el borrador del convenio interadministrativo.
Previo a un análisis técnico y jurídico se hicieron algunos ajustes a través de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía y la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito.
En la siguiente fase se celebraron mesas de trabajo entre la Alcaldía, la UNGRD y MinCultura para evaluar las observaciones hechas por esta administración y también por el Ministerio.
Una vez se logró el documento final, el Distrito remitió la información necesaria para suscribir el convenio.
A su vez la UNGRD debe elaborar un estudio para determinar la manera adecuada de hacer la demolición del edificio Aquarela, sin afectar el patrimonio de Cartagena, más concretamente el Castillo San Felipe.
'Una vez se haga ese estudio entramos a materializarlo, consiguiendo los recursos y contratando lo que se tenga que contratar', explicó el alcalde.
Con este avance, se espera que durante el primer semestre de este año quede en firme el convenio, el cual tendrá un costo, aproximado, entre 2 mil y tres mil millones de pesos.
La orden de restitución del espacio público está contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, de la Secretaría del Interior y Convivencia, que ya cumplieron el plazo para darles cumplimiento, por lo que la acción que procede es la demolición, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
