Una nueva denuncia de abuso sexual en la estación de Policía de Chambacú, en Cartagena, se conoció en los últimos días. De acuerdo con Didier Pizza, abogado de los 10 detenidos que fueron torturados el pasado 30 de agosto, otro recluso fue víctima de varios vejámenes a principio de ese mes.
'Nos llegó la información que desde el 7 de agosto entró a la estación de Policía y desde ese mismo día comenzaron los abusos sexuales en contra de él. Comentó que el 30 de agosto se salvó del abuso colectivo porque se encontraba hospitalizado por problemas gástricos que tenía', aseguró el abogado.
'Cuando llegó nuevamente a la estación el 31 que le dieron de alta, a sabiendas que él también está recluido allí por delitos sexuales, la Policía no lo aisló donde se encontraban los 10 reclusos restantes que fueron abusados, sino que lo colocaron nuevamente en el grueso de los detenidos y desde esa noche continuó siendo abusado hasta el día 20 de septiembre cuando fueron trasladados a la cárcel de Ternera', agregó.
Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación asumió el poder disciplinario preferente para investigar a los patrulleros Jesús David Anichiarico Arteaga y Luís Salcedo Cordero, por presuntos actos delictivos contra personas privadas de la libertad en estación de Policía de Cartagena, Bolívar, en los que, aparentemente, intervinieron otros internos en esta condición.
Los hechos, presentados el 30 de agosto del presente año, hacen referencia a graves actos de abusos sexuales, torturas y lesiones contra 10 personas privadas de la libertad.
Dicho poder preferente lo asumirá la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, luego de realizar visita especial el día de hoy al lugar de los hechos, y en consideración por la connotación de los actos investigados y del interés en la comunidad nacional e internacional, por el mismo.
En el acto administrativo se indica que, de comprobarse los hechos denunciados, 'la grave vulneración de los derechos humanos de las personas, las libertades públicas, así como la dignidad humana y los derechos humanos de los ciudadanos, incluso si se encuentran privados de la libertad, tienen la aptitud de provocar un impacto de orden social e institucional, al ser contrarios a la finalidad de la entidad como garante de los derechos y las libertades de los habitantes del territorio nacional'.
