En 'limbo jurídico' se encuentran los arrendatarios de las Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, a quienes ya se les venció el plazo contractual con la Agencia Nacional de Tierras, ANT, pero siguen pagando los cánones de arriendo, según alertó la Procuraduría General de la Nación.
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Por eso, el Ministerio Público hizo un llamado a la ANT para que de inmediato atienda las dudas y preocupaciones ante la falta de claridad jurídica e informalidad en la manera en que se adelantan los procesos de contratación.
Para la Procuraduría resulta preocupante la situación de los contratos de ocupación vencidos en diciembre de 2023 y que debían entregarse el 3 febrero de 2024, 'disposición sin resolver a pesar de que ya se estableció la norma regulatoria que define los parámetros y condiciones para los nuevos procesos de contratación desde febrero del año anterior', puntualizó.
Vale mencionar que una comisión de la Procuraduría previamente visitó las Islas del Rosario y sostuvo que hay falta de control a las embarcaciones de turistas, erosión costera y graves afectaciones al ecosistema de manglares y corales.
'Si bien es fundamental revisar la adecuada administración de los predios, no se puede entender la naturaleza de estos bienes como meros baldíos y territorios de la Nación, sin considerar el valor ambiental que tienen, por lo que es prioritario la conjunción de acciones frente a la fragilidad de un ecosistema tan importante para el país', indicó el ente de control.
