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Tras casi seis años, desde que en agosto de 2011 una falla geológica provocó el desplome de 1.526 casas del barrio San Francisco, el Juzgado 13 Oral Administrativo del Circuito de Cartagena condenó al Distrito y al Ministerio de Vivienda al pago de aproximadamente $128.000 millones, al pronunciarse sobre una acción de grupo instaurada en 2012 por las familias damnificadas.

La sentencia, aunque fue proferida por la jueza Giovanna Bonilla el 2 de diciembre del año pasado, apenas fue notificada esta semana.

El Distrito de Cartagena y el Ministerio de Vivienda, según el fallo, fueron condenados al pago de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($51.640.190) a 1.669 personas que la jueza consideró sufrieron daños morales, además del pago de otros $25.000.000 por daños materiales.

A pesar de que las familias también demandaron a Convivienda, Aguas de Cartagena y a la aseguradora Royal & Sun Alliance Seguros, estos fueron absueltos en el fallo debido a que la jueza consideró que no eran quienes debían responder por los daños.

La sentencia le ordena al Distrito, adicionalmente, que ejecute el estudio y las recomendaciones que fueron dadas por la Universidad de Cartagena para la recuperación del Cerro de La Popa.

También le hace un llamado a la Procuraduría General, a la Personería y a la Contraloría Distrital de Cartagena para que insten al ente distrital a tomar medidas reales y efectivas  respecto de la problemática que suscitó la acción presentada. Y evitar que 'se pongan en riesgo los recursos públicos'.

Inconformes

En entrevista con EL HERALDO, Inés Naar, una de las voceras de la comunidad del barrio San Francisco, dijo que se sienten inconformes con el fallo, debido a que consideran 'insuficiente' la suma de dinero otorgada para resarcir los daños y, además, no habrían sido incluidos en el censo todos los damnificados.

'Las cifra del censo de damnificados es de 4.669 personas, por eso es evidente que si la reparación incluye solo a 1.669 no se ha hecho justicia. Han sido muchos años de espera, desde que tantas personas quedaron en la calle, para que se haya tomado una decisión que no incluya a todos. Todavía tenemos los recuerdos de las casas derrumbándose como galletas de soda', dijo Naar a EL HERALDO, con algunas lágrimas en su rostro.

La líder informó que, por medio del abogado demandante Luis Correa, ya fue apelada la decisión y esperan un nuevo fallo que 'favorezca a toda la comunidad afectada'.

Según Naar, sectores como Sinaí, que hacen parte de San Francisco, quedaron por fuera de la compensación económica.

De acuerdo con lo expresado por Correa, también se sienten inconformes con el monto concedido porque esperaban un resarcimiento económico de más de $100.000.000 por cada casa.

Juan Pablo Tapia, quien se considera uno de los damnificados, dijo que no fue incluido en el listado de las personas que serán compensadas económicamente, por lo que pidió que se revise su caso.

Distrito apeló ante Tribunal de Bolívar

Tras conocer el fallo, el alcalde de Cartagena, Manuel Duque Vásquez, calificó el monto que tendría que asumir su administración como 'algo gravísimo para las arcas del Distrito'.

'Ya nosotros tenemos un presupuesto armado, lo que daría al traste con todo', dijo al ser consultado por EL HERALDO.

La asesora jurídica de la Alcaldía, María Eugenia García, informó que el fallo fue apelado por el Distrito y le corresponderá al Tribunal Administrativo de Bolívar tomar una decisión.

'El recurso de apelación lo sustentamos en tres líneas argumentativas que tienen que ver con el daño, el perjuicio moral y la caducidad del daño (…) Hubo un evento de unas viviendas que, por un deslizamiento o por una causa que consideramos no está probada dentro del proceso, colapsaron', manifestó la funcionaria.

Según García, con respecto al perjuicio material por la pérdida de los inmuebles y el perjuicio moral, que fueron valorados por el juzgado, la Alcaldía considera que 'no hay elementos dentro del proceso que permitan demostrarlo'.

De acuerdo con el fallo, el Distrito fue condenado por ser el que dispone sobre el territorio y define el uso del suelo; al Ministerio de Vivienda lo hacen responsable porque, en su momento, desarrolló el proyecto de construcción de las casas ubicadas en San Francisco, cuando llegaron los primeros habitantes a ese vecindario.

De acuerdo con lo expresado por la asesora García, en las circunstancias actuales del fallo, al Distrito y al Ministerio de Vivienda les correspondería pagar un 50% cada uno de los cerca de $128.000 millones.