La Fiscalía de Cartagena, Bolívar, abrió una investigación contra el abogado Manlio Aristio Barrios Buelvas por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación en calidad de interviniente y fraude procesal en calidad de autor, como supuesto responsable de un desfalco a Cajanal por cerca 9 mil millones de pesos, que tuvo lugar en 2006.
Según la Fiscalía, los hechos por los cuales es investigado el abogado ocurrieron en febrero de 2006 luego de que, de acuerdo con el ente acusador, este presentara ante el Juzgado 7 Laboral del Circuito de Cartagena una acción de tutela por la que fueron favorecidos 21 docentes del orden nacional que él representaba.
Según la Fiscalía, a los 21 docentes les fue otorgada una pensión de gracia por parte de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, a la que por ley solo tienen derecho profesores que dependen salarialmente de gobernaciones y alcaldías.
El ente acusador dio a conocer que el abogado Barrios se presentó en horas de la mañana del jueves, en las instalaciones de la Fiscalía, en compañía de su defensor, luego de que le fuera emitida una orden de captura en su contra el pasado 10 de febrero.
Tras presentarse en la Fiscalía, miembros del CTI de la Fiscalía hicieron efectiva su captura.
Una vez se conoció el caso, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, le solicitó a la Fiscalía que se investiguen las irregularidades que se presentaron en el momento en que se emitió el fallo que favoreció a los 21 docentes, que son de diferentes ciudades del país.
Según la Fiscalía, el mecanismo por el que se obtuvieron las pensiones, como lo es la tutela, 'era improcedente porque violentaba la competencia territorial'.
De acuerdo con lo expresado por el director seccional de Fiscalías en Bolívar, Vicente Guzmán, aunque en el 2006 el fraude a Cajanal fue de 9 mil millones de pesos, la cifra ha aumentado hasta la fecha y se calcula que se incrementó en alrededor de 40 mil millones de pesos.
Guzmán dio a conocer que el abogado capturado como presunto responsable del millonario fraude aún rinde indagatoria y, una vez finalice esa fase, se determinará si es cobijado con medida de aseguramiento.
Según Guzmán, aunque los 21 docentes también podrían ser investigados, hasta el momento no se ha iniciado un proceso judicial contra estos. Tampoco ha sido determinada ninguna medida contra el juez que concedió las pensiones.
