En las postrimerías del Gobierno de Andrés Manuel López, obrador y de transición del nuevo gobierno de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el congreso mexicano aprobó la Ley que establece la elección de los jueces por vía electoral, que de inmediato desencadenó un impacto de favorabilidad y de rechazo en muchos sectores de la sociedad azteca.
Hemos querido traer a colación este tópico porque como se sabe en Colombia somos muy dados a tomar y a implantar algunas novedades que se dan en otros países, nos gusta imitar, poner en boga lo exótico sin calcular las consecuencias que se pueden derivar de ello.
Por eso, no sería extraño que en nuestro medio se establezca esta medida, tanto más cuando ya prácticamente estamos ad portas de las próximas elecciones presidenciales del 2026, por lo que un candidato de determinada colectividad política aspirante a la primera magistratura del país, y haciendo gala de una astuta demagogia lanzara por los cuatro vientos esta propuesta, sobre todo y lo más preocupante y lamentable es que en una reciente reunión el presidente Petro manifestó que tal propuesta no era descartable en el país.
Se podría decir que si las Instituciones cambian la judicial también debe cambiar y por eso, en nuestro imaginario colectivo veríamos el escenario de que las distintas fuerzas políticas que se mueven en la arena política del país, llámese: Pacto Histórico, Centro Democrático, Cambio Radical, Alianza Verde, y los partidos políticos, Uno, el Conservador, el Liberal y otros más, lanzaran sus fichas al cargo de jueces, sin importar la capacidad y la idoneidad que tendrían esos funcionarios para desempeñar esos cargos, y cabe preguntarse, ¿qué autonomía e independencia podrían tener ellos cuando le toque tomar una decisión judicial en la que estén involucradas esas fuerzas políticas?.
Por eso, ante ese escenario nuestra actitud como ciudadano del común y como abogado es un No rotundo, a la implantación de esa medida en el país.
Valmiro de la Hoz Cantillo
