Una agitada controversia es la que ha despertado en este momento el proyecto de ley que ha radicado en el Congreso de la República la representante a la Cámara por el partido liberal Clara Rojas, el cual propone que se sancione con multas desde hasta $23.000.000 de pesos a quienes paguen por servicios sexuales. La prostitución –considerada como uno de los oficios más viejos del mundo– no pierde vigencia y ha sido la solución a los problemas económicos de muchas mujeres en el país.
Amnistía Internacional aprobó la realización de una política para proteger los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras sexuales, y propusieron la despenalización absoluta del trabajo sexual realizada con consentimiento en todo el mundo.
Quienes discriminan la prostitución lo hacen muchas veces desde una óptica moralista, movidos por prejuicios y pensando que esta actividad hay que penalizarla porque es una manifestación que degrada a la mujer y es una fuente de miseria y enfermedades.
En este punto considero que lo que debe perseguirse a través de nuestra legislación penal, son los delitos de explotación sexual, proxenetismo y la imposición de la prostitución por la fuerza y la amenaza.
Hay que tener en cuenta que muchas veces quienes se dedican a la prostitución se mueven en un contexto de precariedad, de pobreza y miseria, que optan por este trabajo a la falta de oportunidades y de garantías y que se les quiere discriminar tal como se ha venido haciendo con la comunidad Lgbti, a quienes se le discrimina por su condición sexual.
Antes, por el contrario, y ya como se viene diciendo, este es un trabajo como cualquier otro y debe garantizarse la seguridad social a la salud y las vacunas contra infecciones de trasmisión sexual. Del mismo, se le garantice el libre ejercicio a la prostitución en las condiciones, sitios y horarios definidos.
Valmiro de la Hoz Cantillo
