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Las autoridades en el Cesar están herméticas en sus pronunciamientos frente a las denuncias hechas por la Corporación Nuevo Arco Iris sobre supuestas irregularidades de la Fuerza Pública en el procedimiento de captura del gobernador de La Guajira, Juan Francisco 'Kiko' Gómez.

El secretario de Gobierno del Cesar, Augusto Ramírez, indicó no tener conocimiento ni injerencia dentro de sus funciones sobre este caso, mientras que el comandante de Policía del departamento, Juan Pablo Guerrero, se limitó a señalar que la institución instaurará una denuncia penal sobre estas acusaciones.

La Corporación Nuevo Arco Iris y los periodistas e investigadores León Valencia, Claudia López, Gonzalo Guillén y Ariel Ávila, en carta abierta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, solicitaron investigar a la Fuerza Pública de La Guajira y del Cesar, debido a las presuntas irregularidades que ocurrieron durante la captura del gobernador de los guajiros.

Por su parte el procurador provincial de Valledupar, Alberto Valle Campo, explicó que por factores de competencia, este tipo de investigaciones son remitidas a las oficinas de control interno de la Policía. 'Esta institución tiene sus órganos de control y deben ser ellos los encargados de determinar si hubo o no algún tipo de irregularidad en el proceso de captura del dirigente guajiro', acotó Valle Campo.

De acuerdo con la comunicación, los investigadores finalizan su misiva pidiéndole al presidente y al comandante de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, rescatar a las instituciones policiales y judiciales capturadas por las bandas criminales: 'Señor presidente Santos y señor General Palomino, en sus manos y responsabilidades institucionales está romper esos vínculos y depurar las instituciones afectadas. Sin su concurso y compromiso para restablecer la legitimidad estatal en La Guajira y el Cesar, la valerosa acción de la Fiscalía, quedará truncada y la vida de miles de colombianos, incluida la nuestra, seguirá expuesta a los perniciosos vínculos entre política, criminalidad y connivencia estatal'.