De los 903.279 habitantes que según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, tiene el Cesar, 300.057 son víctimas del conflicto armado. La cifra corresponde al 33% de la población de este territorio que entre las décadas de los ochenta, noventa y parte de la dos mil, fue golpeada por el accionar de guerrilleros y paramilitares.
De acuerdo con la Unidad de Víctimas en el Cesar, más de 280.000 personas están registradas como desplazadas en este Departamento, la mayoría concentrada en los cordones de pobreza en la periferia de las ciudades. Según la personería de Valledupar, en esta capital son 90.000 las personas afectadas por el conflicto armado.
Las atrocidades de las organizaciones al margen de la ley, generó un temor en la geografía campesina del Cesar, por lo que miles de familias salieron de sus predios para ubicarse en las márgenes de las cabeceras urbanas en busca de protección. Hoy sus historias comenzaron a salir del anonimato de cara a la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a los afectados por el conflicto.
El año pasado, fueron indemnizadas 5.922 víctimas, de las cuales 245 fueron niños y adolescentes. La inversión, según el reporte entregado por la oficina Asesora de Paz del Cesar alcanzó los 33.185 millones de pesos.
La directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en esta jurisdicción, Juana Ramírez, indicó que de enero a octubre de este año, se han atendido 102.164 personas afectadas por la violencia, de un total de 138.038 solicitudes.
Los requerimientos de las víctimas están relacionados con ayuda humanitaria, indemnización administrativa, consultas de vivienda y restitución de tierras, entre otras.
No obstante a estos registros, líderes de las víctimas en el Cesar indicaron que las ayudas no están fluyendo y que se presentan retrasos hasta un año. 'Hay desplazado muriéndose de hambre y mujeres cabeza de hogar a las que los paramilitares les mataron a sus esposos o compañeros y no tienen ni empleo, ni vivienda', dijo Celides Márquez, vocero de esta población.
