Demandas que superan los 10.000 millones de pesos enfrenta la Universidad Popular del Cesar, UPC, por funcionarios que fueron despedidos sin motivación alguna. El Tribunal Administrativo ya ordenó el reintegro de 22 de ellos, mientras que siguen en curso otros procesos.
El rector de la UPC, Jesualdo Hernández, explicó que 'ya hemos pagado 6.000 millones de pesos, pero con todo lo que resta alcanzaríamos los 10.000 millones de pesos, lo que representa un descalabro económico para nuestra institución'.
Manifestó que además de la afectación económica, que el reintegro de los empleados desvinculados en otras administraciones, representa el despido de las personas que actualmente están ocupando esos cargos, corriendo el riesgo que estos también demanden.
Indicó que 'hemos solicitado al Consejo Superior Universitario ampliar la planta administrativa para neutralizar las posibles acciones jurídicas contra la universidad'.
El presupuesto anual de la Universidad Popular del Cesar es de 50.000 millones de pesos, es decir que en demandas, pagaría un 20%, que bien podría utilizarse para infraestructura, laboratorios, investigación o compromisos misionales.
Un equipo jurídico de la entidad está al frente de esta situación para resolver varias sentencias de repetición, tratando de recuperar parte del dinero que ha tenido que pagar por fallos a favor de los demandantes.
Dijo que algunos exrectores, tal vez por diferencias, desvincularon a los funcionarios que han ganado las demandas contra la universidad, que ahora responde pagando millonarias sumas, mientras se avecinan otras.
Acción de repetición contra vicerrector. Jesualdo Hernández indicó que ya se dio una acción de repetición contra el vicerrector de la universidad, Roberto Daza Suárez, por falsa motivación en el despido del docente Jhony Meza Orozco, de la facultad de ingeniería y tecnología.
Por este caso, la Universidad Popular del Cesar tuvo que indemnizar al profesor con 202 millones de pesos. 'Empezamos a recuperar esos dineros, este es solo un caso de los 22 reintegros que ordenó el tribunal'.
Roberto Daza tendrá ahora que pagar de su propio bolsillo, el daño patrimonial ocasionado a la Universidad Popular del Cesar, luego que el Tribunal Administrativo del Cesar revocara la absolución inicial dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Valledupar.
Jesualdo Hernández dijo que 'es cierto que cada sucesión de rector implicaba incorrectamente el retiro, desvinculación o insubsistencia de personal docente y administrativo. Esto condujo a que los afectados formularan masivamente demandas, no solo para que se les reintegrara sino para que se les establecieran sus derechos económicos'.
'Ahora nos corresponde cumplir con los fallos judiciales, no solo en punto de reintegro, sino en el pago de las condenas millonarias que afectan el flujo de caja de la Universidad. La defensa judicial ha sido multiactiva y se trabaja para que los operadores judiciales utilicen en sus fallos la figura de la compensación económica frente a los reintegros. Esto no ha sido fácil y desde luego que se ejercen y se ejercerán las acciones de repetición contra los servidores responsables a que haya lugar', puntualizó.
