Como si fuera poca la inversión de $49.523 millones en un acueducto sin funcionar; en Chiriguaná hay otro proyecto vital para sus habitantes que no tiene futuro. El alcantarillado pluvial en ese municipio del centro del Cesar está sin terminar y el contrato fue 'caducado por su inviabilidad'. En esta obra se han invertido más de $11.500 millones.
En el barrio Los Laureles, al sur de la localidad, sus habitantes han tenido que sufrir los embates de otro 'elefante blanco', un canal bordea la parte posterior del sector, donde quedaron las zanjas, varillas y tuberías abandonadas. Hoy, cría de mosquitos, sapos y culebras.
Por lo menos, en esta parte de Chiriguaná, sus lugareños se declaran en emergencia sanitaria. Camilo Ospino, líder comunal, no duda en decir que muchos de los males que afectan a la población, tienen que ver con este foco de contaminación.
'Aquí la gente padece mucho, el canal se ha convertido en un depósito de agua sucia y no se vislumbra solución', manifestó Ospino, quien también cuestiona la millonaria asignación de un acueducto, del que no han visto la primera gota.
El contrato fue incumplido, a pesar que la administración local giró los recursos, provenientes de las regalías del carbón. Los argumentos de la contratista es que encontró obstáculos en los permisos para intervenir la parte final del alcantarillado.
El actual alcalde, Gustavo Aroca Dagil, como en el caso del acueducto, tampoco se pronunció, pese a ser buscado para su opinión por este equipo periodístico.
Lo que se conoce de sus respuestas es que este contrato fue suscrito en la administración anterior, el 20 de enero de 2010, entre el municipio de Chiriguaná y una unión temporal representada por Martha Lucía Bacci. Los plazos quedaron vencidos y la obra nunca se culminó.
Las aguas negras corren entre los barrios.
Las irregularidades. El contrato en su valor total fue por $11.500 millones. Los trabajos se iniciaron y quedaron con una ejecución financiera del 70%, es decir el municipio giró la suma de $8.313 millones, de los cuales solo hay justificación de obras en un 50%, representados en $5.000 millones, quedando a la fecha, en teoría, un saldo a favor del municipio de más de $3.000 millones que no ha sido justificado.
Además se encontraron anomalías en el pago de actividades (en una cuantía que asciende a los $1.907 millones) que no fueron realizadas por el contratista, pero que sí fueron cobradas y canceladas.
A través de la resolución 393 del 25 de julio de 2013, la administración local declaró la 'ocurrencia del siniestro' y llamó en garantía a las aseguradoras para que entren a resarcir al municipio. Además hizo uso de las cláusulas de tipo penal del contrato, tasadas en un 10% del valor del contrato. Sobre esta base, la firma contratista debía pagar $1.150 millones de multa por la no ejecución de la obra.
La cifra puede parecer irrisoria frente al daño patrimonial del municipio. La Contraloría General de la Nación investiga las irregularidades. Sin embargo, pese a la insistencia de este medio, tampoco se pudo conocer los avances del proceso.
En las últimas dos décadas, Chiriguaná ha recibido más de $400 mil millones en transferencias de la Nación por la explotación de carbón. Sin embargo, es un pueblo pobre. El comercio informal, como las ventas callejeras y el mototaxismo, se convierten en su principal fuente de empleo. Las mismas instalaciones de la alcaldía presentan un aspecto muy deteriorado.
Álvaro Morales León, habitante de este municipio sostiene que 'aquí hay mucha contaminación. Los alcaldes han jugado con la plata, todo ha sido un engaño', dijo.
Auditoría del DNP. El Departamento Nacional de Planeación, DNP, realizó una auditoría visible a este contrato. Encontró que fue otorgado en licitación pública, a la cual concurrió un solo proponente, adjudicado a la Unión Temporal Chiriguaná, conformada por Ingeproyectos del Caribe Ltda, con el 95%, José Luis Mora Narváez, Cootecol, Congeter, Coopmunicipal y García Ríos Constructores, con el 1% cada uno.
El DNP encontró que desde el comienzo este contrato estuvo más suspendido que en ejecución, hasta que finalmente fue caducado. Este contrato se suscribió el 20 de enero de 2010, se inició el 10 de febrero y debía terminar el 26 de enero del 2012, aunque tuvo un plazo inicial de 12 meses. Sin embargo, el 22 de febrero de 2010, 12 días después de que se inició, fue suspendido y lo reiniciaron el 7 de septiembre del 2010; es decir, más de seis meses después, alegando que no se había contratado la Interventoría externa, vicio reiterativo en la contratación en Chiriguaná. Luego se trabajó desde el 7 de septiembre hasta el 15 de enero del 2011, se vuelve a suspender hasta mediados de mayo para hacer ajustes al proyecto de la primera etapa, motivo que se considera injustificado. Finalmente la obra nunca se terminó.
