En situación de hacinamiento, con hambre y niños enfermos se encuentran 40 de las 83 familias de la etnia Wiwa en el municipio de Becerril, al centro del Cesar, que fueron desplazadas por los indígenas yukpas tras reclamar las tierras que ocupan en la serranía del Perijá.
Los yukpas dieron un mes de plazo a los wiwas para que abandonaran las 1.141 hectáreas que habitan en su territorio ancestral, con la advertencia de recuperarlas por las buenas o por las malas.
Temiendo una confrontación, unos 200 miembros de esta comunidad, la mayoría niños y ancianos, decidieron desplazarse hasta la cabecera urbana de Becerril dejando en las estribaciones sus cultivos, animales de cría y demás pertenencias. Las otras 43 familias aun están en las tierras mientras se cumple el término, el próximo 18 de julio, a la espera de alguna solución.
Los wiwas son un pueblo nativo de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero por el conflicto armado que se vivió en la década de los 90 en el Cesar, parte de esta comunidad se desplazó hasta Perijá. Allí durante 20 años habían permanecido tranquilos cerca al río Maracas. En 1995, a través del entonces Incora se les reconoció el resguardo a pesar de que era territorio tradicional de los yukpas.
'En 1995 se constituyó el resguardo por intermedio del Incora, hoy Incoder, y desde ese momento empezamos a rehacer nuestras prácticas culturales como wiwas, pero ahora el pueblo yukpa nos causa dificultades, porque reclama sus tierras, donde están sus sitios sagrados y por esto nos afecta porque no podemos desarrollar nuestras actividades', dijo Julio Nieves, cabildo gobernador wiwa.
Sostuvo que 'los yukpas nos alertaron, mostraron las armas que tienen, indicando que si no salíamos a las buenas entonces procederían a las malas, y por eso nos dieron un mes de plazo para que no hubiera una tragedia'.
INDIFERENCIA INSTITUCIONAL. El cabildo gobernador wiwa sostuvo que ha existido una indiferencia institucional frente a este problema. 'Dimos cuenta de esto a la alcaldía de Becerril, a la gobernación del Cesar, al Ministerio de Interior; al Incoder, y hasta ahora no hemos tenido ayuda, y el tiempo está corriendo', precisó.
Hace una semana las 40 familias wiwas llegaron a Becerril, se ubicaron en una casa comunal que tiene una habitación donde prácticamente duermen unos encima de otros, cuentan con un baño y cocinan a la intemperie, recurriendo a la caridad de los vecinos de ese sector para conseguir los alimentos.
La tristeza se nota en los rostros de hombres, mujeres y niños, que bruscamente pasaron de la amplitud de la serranía a un espacio reducido donde han comenzado a enfermarse, sin contar aun con la ayuda institucional, a pesar de haber tocado todas las puertas.
María Angélica Malo, miembro de la etnia wiwa, sostuvo que da tristeza ver niños desnutridos, algunos están padeciendo de diarrea y no tienen ayuda. 'Estamos encerrados en una casa, cuando antes teníamos todo lo que nos ofrecía la naturaleza', sostuvo entre lágrimas.
Por su parte, Elkin Mendoza, cabildo gobernador suplente wiwa, señaló que 'no hemos podido avanzar como pueblo indígena, reconocemos que ese territorio le pertenece a los yukpas, pero no tenemos dónde ir'.
'ESE PROBLEMA LO CREÓ INCORA'. Alberto José Suárez Cárcamo, secretario de Gobierno de Becerril, dijo que es Incoder el que debe resolver el problema que el entonces Incora creó. 'Autorizaron la creación del resguardo wiwa en territorio yukpa, se debió primero hacer un estudio socio-económico para establecer todas las condiciones y determinar si podían o no quedarse en esas tierras', sostuvo el funcionario.
Dijo que la carga de estas familias hacinadas las tiene el municipio. 'Nosotros lo que podemos hacer es entrar con ayuda humanitaria, lo demás le corresponde al Departamento y a la Nación, esto no hubiera pasado si los mismos yukpas no cambian las reglas de juego, dando un plazo de un mes, cuando el Incoder tenía hasta 2016 para resolverle el problema de tierras a los wiwas'.
La secretaria de Salud de Becerril, Luz Elena Lemus, a pesar de que reconoció que tras una jornada de atención a esta comunidad se detectaron cinco niños en estado de desnutrición, cuatro más en riesgo, tres mujeres embarazadas y otros pacientes, precisó que la dependencia que dirige no tiene la responsabilidad de atenderlos.
'No somos prestadores de salud, nosotros vigilamos los servicios que presta la IPS. Nosotros no tenemos responsabilidad de atender a la comunidad porque la norma no me permite sacar los médicos y brindar la atención, no tengo la capacidad instalada, eso lo tiene que hacer la IPS, no puedo asumir compromisos que no son de la administración municipal'.
Conociendo que los wiwas realmente no pertenecen a ese territorio, el Incoder se comprometió a entregarles a más tardar en diciembre de este año unas 572 hectáreas (50% de las que hoy ocupan), en la Sierra Nevada, en el municipio de El Molino, La Guajira; y otro tanto en 2016, a fin de poder ser reubicados y devolverles de manera pacífica los predios a los yukpas. Bajo ese compromiso, yukpas y wiwas habían hecho un acuerdo interno para salir de los predios una vez el Incoder les restituyera las tierras, pero de un momento a otro, los primeros rompieron lo convenido.
Ahora es incierto su futuro, porque mientras las instituciones prácticamente se tiran unas a otras su responsabilidad, y se surte un proceso largo de la adquisición de nuevas tierras, siguen viviendo en condiciones infrahumanas, pero insisten en el llamado urgente al ministerio de Interior que intervenga.
