En el video de la Defensoría del Pueblo se observa a un interno de la cárcel de máxima seguridad que enseña sus muñecas con visibles señales de tortura.
'Esto fue por unas esposas que me pusieron los guardias, que me torturaron, y me intentaron matar', dice el hombre de anteojos, cabeza rapada y con acento del interior del país.
'Fui sometido a una tortura colectiva junto con otros 40 compañeros que nos encontrábamos en desobediencia pacífica por la violación de los derechos humanos', relata el interno en el documental grabado por la comisión de la Defensoría que la semana pasada visitó la penitenciaría de Valledupar para constatar las condiciones en el interior del penal.
Las denuncias están relacionadas con lo que ocurría en la mal llamada 'celda de torturas' o ‘Villa mosquito', a donde eran confinados los detenidos por mala conducta, y que terminó con su cierre hace algunas semanas, mientras se hace toda una intervención institucional por la defensa de los Derechos Humanos de los reclusos. Por estas denuncias no se ha abierto investigación ni se conoce de sancionados.
El año pasado, la ONG francesa Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura-ACAT, hizo evidente la persistencia de violaciones de Derechos Humanos al interior de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.
'Se aplican gases y se dan palizas como forma de controlar a los reclusos en algunas situaciones y así mismo el aislamiento de los enfermos y reclusos en postquirúrgicos se establece como una práctica poco idónea', aseguró Anné Boucher.
En febrero pasado se puso al descubierto que durante casi una semana cinco reclusos fueron rociados constantemente por la guardia con gas pimienta, y además de ser sometidos con armas de electrochoques no se les permitió atención médica, ni ser valorados por Medicina Legal.
Esto hace parte de los múltiples casos de tortura que se aplican a los internos en el penal, que para la Defensoría del Pueblo, es considerado uno de los de mayor violación sistemática de Derechos Humanos de los internos en Colombia.
Durante la visita, la comisión evidenció que algunos guardianes del Inpec no portan su identificación, circunstancia que anteriormente había favorecido prácticas de agresión a la población reclusa, y aunque se cerró ‘Villa Mosquito’, los atropellos continúan.
El procurador provincial de Valledupar, Osman Hernández, explicó que ‘Villa mosquito’ está ubicada en la torre 6 donde se instalaban las redes hidráulicas y sanitarias, obras que fueron suspendidas por presuntas irregularidades encontradas por la Contraloría.
'Los internos señalan que los guardias del Inpec aprovechan el área abandonada donde según ellos, los llevan, para ser castigados'.
Díaz recordó que la Corte Constitucional advirtió que en esta cárcel existe una política generalizada de malos tratos, consecutivos contra la población carcelaria. 'Este penal es una fiel muestra de todos los problemas del sistema penitenciario en el país. Hay una deficiente atención en salud, las condiciones de reclusión son absolutamente indignas, los internos no tienen agua suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y las condiciones en las cuales se estaban preparando los alimentos son precarias'.
Mecanismo de denuncia. Debido a la sistemática violación de derechos humanos en varias cárceles del país, y que en la actualidad es de permanente preocupación en la penitenciaría de Valledupar, la Defensoría del Pueblo decidió implementar la herramienta denominada ‘Mecanismo de Denuncia’, que busca recoger, en visitas hechas a los penales, todas las problemáticas que van en contra de la integridad física, mental y de las condiciones de salubridad de los reclusos.
Como resultado de las visitas, la Defensoría inició la ruta de activación del instrumento judicial en ese lugar, donde son insistentes las denuncias de los internos sobre las deficiente prestación del servicio de agua, la mala alimentación, las pésimas condiciones de salubridad, así como el deterioro de la infraestructura.
Los internos arrojan desde sus celdas botellas plásticas con su orina.
8 guardias destituidos
En enero de 2013, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 12 años a ocho guardianes del Inpec, implicados en malos tratos y lesiones personales a varios reclusos de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar. En un fallo de primera instancia, el Ministerio Público aplicó la sanción tras hallarlos responsables de extralimitaciones de funciones, sometiendo a malos tratos y lesiones corporales a internos del patio tres de dicho centro carcelario. Los funcionarios destituidos e inhabilitados son el teniente Julio Santos Villamizar; los inspectores Carlos Arturo Peña Arango y Gerardo Carlos Portela, y los dragoneantes Carlos Hernán Pinzón, Jhon Frey Moreno, Roberto López Camargo, Herbert Cartagena y Fabio Méndez Sierra.
