Los internos que tienen la posibilidad de pagar ciertos ‘servicios’ a otros reclusos tienen la posibilidad de pasar mejor la ‘estadía’ en la Cárcel Judicial de Valledupar, parece ser la consigna de quienes se dedican a comercializar desde una llamada a celular hasta una dosis personal de marihuana.
El problema es que quienes denunciaron ante la Defensoría del Pueblo del Cesar se abstienen de hacer señalamientos puntuales de los responsables por temor a retaliaciones.
Según el defensor Omar Contreras, las quejas son contra personas indeterminadas lo que dificulta la investigación.
Lo que 'comercializan'. En la ‘tabla de precios’ incluyen: 1.000 pesos por un cigarrillo de marihuana, 40.000 por derecho a patio o por colchón, 200.000 pesos por teléfono celular y entre 100.000 y 500.000 pesos por un camarote.
Señaló que la Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias de internos y sus familiares sobre esta supuesta irregularidad en la que estarían involucrados tanto guardianes como otros internos.
En ese establecimiento carcelario el hacinamiento es de más del 400 por ciento, pues de una capacidad real para 256 reclusos actualmente alberga más de 1.180.
'A los reclusos o sus familiares les da temor poner en evidencia quiénes son las personas a los que ellos le hacen esos pagos, indudablemente no solo tiene que ver con temas de una tranquilidad en el interior del penal, sino con la consecución de algunos bienes y servicios. Esto lo hemos denunciado a las autoridades y esperemos que las investigaciones arrojen unos resultados importantes', señaló.
Afirmó que el director de la cárcel, el capitán del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Luis Francisco Perdomo, está al tanto de esta situación. 'Él siempre ha estado combatiendo el delito y la corrupción en penal'.
Frente a estas denuncias, Perdomo indicó que 'tenemos una buena intervención dentro del penal. A ningún interno se le debe cobrar por estar o cambiarse de un patio, en eso hemos dado la lucha contra posibles casos de corrupción'.
Aunque dijo que ningún funcionario está haciendo cobros por supuestos beneficios a los internos, reconoció que sí existen negocios entre los reclusos, lo cual también está prohibido.
'Ningún interno puede pagar por una celda. Desafortunadamente por el hacinamiento, no todos los internos pueden estar en celdas. Por ejemplo tenemos celdas donde duermen hasta cinco reclusos'.
El procurador provincial de Valledupar, Osman Hernández, indicó que hasta el Ministerio Público no han llegado denuncias formales al respecto, pero reconoció el grave problema de hacinamiento que se registra en la cárcel judicial. Dijo que las condiciones de los internos no son las mejores por lo que se han solicitado medidas al Inpec para descongestionar el establecimiento.
